Alerta amarilla por un inesperado conflicto mapuche en Vaca Muerta
El bloqueo a Loma La Lata y la retención de 300 petroleros fue un mensaje sutil para la industria. Un reclamo que derivó en un conflicto desmedido.
El bloqueo por más de 24 horas al yacimiento Loma La Lata, por parte de la comunidad mapuche Paymenil, generó un inesperado impacto en Vaca Muerta. La magnitud del conflicto, por una vivienda sin gas, no tiene relación con las derivaciones de los 300 petroleros retenidos en un edificio.
En el caso hay tela para cortar, que enciende una alarma silenciosa en la industria, que es el foco de desarrollo económico de la Argentina en un horizonte de al menos 10 años.
Sobre todo, el impacto es porque una comunidad que no ha tenido demasiados roces con la industria hidrocarburífera, y que durante años ha sido “contenida”, tanto por las operadoras como por los superficiarios.
El caso comenzó durante la semana luego de idas y vueltas entre miembros de la comunidad e YPF, por el abastecimiento de los zeppelin de gas en 40 viviendas de la comunidad. Todo con una alta demanda en la provincia de gas, debido al frío y al temporal de lluvia y nieve.
Comunidad mapuche: reclamo del gas
En este contexto aparece el reclamo de los Paynemil, que para las operadoras, y hasta el gobierno de Neuquén se trata de una demanda más por los reclamos de gas en todo el territorio. Con la excepción que el reclamo fue en Vaca Muerta y motorizada por una comunidad mapuche.
El bloqueo de 24 horas puso en serio riesgo el abastecimiento de gas en el país, pese a que Loma La Lata no es el yacimiento gasífero más grande de Neuquén. Habían quedado retenidos más de 3 millones de metros cúbicos diarios (MMm³/d), con las parálisis de las plantas.
La medida de acción directa encendió una fantasmal alarma en la industria, trazando otras hipótesis de conflicto en los yacimientos. ¿Qué habría pasado si el bloqueo hubiese sido en la gerencia no convencional de Loma Campana?
Acuerdo con YPF
El conflicto se solucionó con la firma de un acta acuerdo entre YPF y la comunidad que “trabajarán mancomunadamente las cargas y llenado de gas en los zepelines de los hogares de la comunidad”. No es un acuerdo nuevo, por lo que el conflicto pareciera esconder alguna advertencia.
La política en torno a las comunidades mapuche en Neuquén y la relación con Vaca Muerta tiene un largo peregrinar, contada en varios tomos de historia, durante una década de gobiernos desde la irrupción de Vaca Muerta.
La lucha por tener las personerías
La más importante es la habilitación de las nuevas personerías jurídicas (o personería pública) para comunidades que se fragmentaron o que buscan el reconocimiento de un territorio. Hay comunidades “loteadas”, familias que se han dividido y buscan el reconocimiento ancestral.
La más visible durante este tiempo, y con más conflicto es la Fvta Xayen, nacida en 2017 en pleno gobierno de Mauricio Macri, en el contexto del resonante caso Maldonado en Chubut, y en una toma de campos privados de productores y empresarios frutícolas de Neuquén.
fue precisamente en ese lugar donde la Confederación Mapuche del Neuquén celebró el Wiñoy Xipantu (año Nuevo Mapuche) con un fuerte mensaje para la industria petrolera. También con un simbolismo marcado. El campo de Tratayén pertenece a la familia Galván que ha desistido de iniciar un proyecto productivo por los conflictos.
La comunidad se autodeterminó en medio de una causa judicial por usurpación y una salida alternativa que ofreció el Ministerio Público Fiscal, para evitar las condenas de personas que, de alguna manera formaban parte de las familias de crianceros de la zona de Tratayén.
La política ya las deudas pendientes
También aparecieron los acuerdos con las operadoras y los superficiarios para evitar los conflictos, en una comunidad que no está reconocida y que en su momento le exigió al ex presidente Alberto Fernández, la puesta en marcha de la “consulta previa, libre e informada”.
Es un mecanismo establecido de participación y opinión no vinculante para las comunidades, dentro del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y al que adhirió el gobierno de Neuquén, primero con un decreto y luego con una ley.
La política ha jugado fuerte para cumplir las demandas de las comunidades mapuches en Neuquén, que pese a que están previstas en la Constitución Nacional, la letra fina de los acuerdos es muy discutible.
El ex gobernador Omar Gutiérrez intentó irse sin deudas con las comunidades, pero no lo logró de manera completa. Hay demandas de personerías que no están aprobadas, precisamente las de Vaca Muerta, que son las que generan mayor conflictividad en la industria.
La "mano dura" como discurso
Toda esta historia en un contexto donde la nueva era de Javier Milei propone una “mano dura”, a excepción de un territorio como el de Vaca Muerta donde nadie quiere conflicto, muchos menos el gobierno provincial y las operadoras.
Es por eso que en Vaca Muerta, siempre hay un alerta amarilla permanente con las demandas mapuches. Pero son tan silenciosas que no alcanzan a percibirse. Y la retención de 300 petroleros en Loma La Lata, fue un mensaje inquietante.
La consulta mapuche: una mirada legal
Marcela Serrano es abogada constitucionalista hace más de 25 años en la Universidad Nacional del Comahue y en 2022 fue invitada por el Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, a través del Instituto de Derecho de los Hidrocarburos a una charla, a propósito del contexto del gasoducto, donde se reflotó el debate sobre cómo aplicar el Convenio 169 de la OIT.
“Para que el goce de los derechos de los pueblos indígenas sea eficiente y eficaz, la consulta debe ser previa a la toma de decisión por parte del Estado, para proporcionar el tiempo suficiente para la discusión interna, dentro de la comunidad, y poder brindar una adecuada respuesta a través de una comunicación constante entre las partes”, indicó la letrada a +e.
Señaló que el Estado tiene que tener “un rol activo brindando la información que obre en su poder con aquellos estudios o documentos que pudieran evidenciar los posibles riesgos de la medida en consideración, a propósito del requisito de ser ‘informada’ y debe sustanciarse de buena fe, libre y respetuosa de los métodos tradicionales del pueblo para la toma de decisiones”.
En este sentido, Serrano describió: "La consulta es un proceso especial y diferenciado cuya finalidad es garantizar la efectiva, libre, informada y previa participación de los pueblos indígenas en el trámite de toma de decisiones administrativas o legislativas que pudieran afectarlos directamente, en materia de recursos naturales existentes en sus tierras, respecto a su capacidad de transmitir sus tierras, para la organización y funcionamiento de programas de formación profesional, en materia educativa y para preservar su lengua indígena (supuestos previstos expresamente con el Convenio 169 OIT)".
No obstante, la consulta indígena no obliga al Estado a vincular la decisión de los pueblos originarios con los intereses mayores, de acuerdo a lo explicado por la abogada. el proceso de consulta estuvo signado durante la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, pero hay otros, como los temas inmobiliarios que afectan a comunidades en la cordillera neuquina.
"El deber primario estatal es de ajuste o acomodo, aunque dicha flexibilidad se exige a todas las partes involucradas para acomodar o ajustar los distintos derechos e intereses en juego, tanto comunitarios como públicos; y, en defecto de ello o de no arribarse a un consenso entre las partes, el Estado debe adoptar decisiones razonadas y debidamente fundadas que quedarán sujetas a revisión por parte de las instancias administrativas y judiciales correspondientes", indicó.
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