A contrarreloj, evalúan acelerar la nueva ley de biocombustibles
Horas decisivas para los biocombustibles: productores y referentes del sector aguardan la presentación del proyecto de ley del oficialismo en Diputados.
Crece la expectativa entre los refinadores de petróleo y los productores de biocombustibles por la presentación en la Cámara de Diputados del nuevo proyecto de ley que prepara el Frente de Todos para reemplazar la Ley 26.093, que rige desde 2006. En caso de avanzar en el Congreso y aprobarse, empezaría a regir a partir del 13 de mayo cuando deja de tener vigencia el régimen actual.
Para eso, el oficialismo calcula que podría bajarlo al recinto en dos semanas, luego de que pase por las comisiones. Y cree que logrará aprobar un dictamen por la mayoría. En este camino, quedará desestimada la prórroga de la ley hasta 2024 que fue votada por unanimidad en el Senado antes de fin de año.
Con preocupación, empresarios y referentes vinculados a los biocombustibles esperaron infructuosamente durante la tarde de ayer que el diputado Marcos Cleri formalice la presentación de la iniciativa, tal como indicaban los rumores entre asesores y voceros.
Es que mucho tiempo más no queda. De hecho, está muy ajustado el calendario para que se le llegue a dar tratamiento antes de que venza la Ley 26.093. Por esa razón se especula también que se podría resolver en los próximos días esa falta de tiempo con la emisión de un decreto de necesidad y urgencia que otorgue una prórroga corta para la norma actual
Uno de los ítems que no estaban asegurados en el texto de la nueva propuesta del kirchnerismo, y que fue una de las causas de la demora de la presentación, es el que se refiere a la creación de Y-Bio S.A., una empresa estatal para la cual tampoco se definieron todavía sus objetivos.
Según el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, el proyecto con el que se está trabajando en Diputados mantiene la actividad pero, a su decir, “define cortes y precios en función de la realidad de hoy”.
“Hemos ido a exponer nuestra visión a la Cámara baja, sobre cómo creemos que tiene que ser el nuevo régimen, que tenga en cuenta a la actividad, que proteja a las pymes, que proteja sobre todo el corte de azúcar porque es fundamental para el desarrollo de determinadas regiones, pero también que entienda cuál es el nuevo contexto internacional y el nuevo concepto sobre la transición, 15 años después”, apuntó en el marco de una charla virtual que organizó el Club del Petróleo.
"El primer régimen fue muy bueno pero que fue pensando cuando todos nuestros campos estaban maduros, cuando no teníamos a Vaca Muerta como una posibilidad cierta. Hoy tenemos otras posibilidades y otras potencialidades”, añadió el titular de Energía.
Una de las principales preocupaciones que surgen entre los productores de biocombustibles es que en el borrador del proyecto se propone un corte mínimo de los combustibles con biodiesel y etanol que bajaría al 5 y 7 por ciento respectivamente.
Con la normativa vigente, se fija hoy el corte del gasoil y las naftas con biodiesel y bioetanol con 10% y 12%, respectivamente. Ese porcentaje fue retocado en enero luego de que se dispongan aumentos en el precio de los biocombustibles en un 60%. En efecto, el Gobierno nacional redujo el corte para la mezcla obligatoria pero solo lo justificó como algo “transitorio” con el fin de controlar la presión sobre los surtidores y sus efectos en la inflación: con el gasoil, lo bajó de un 10% a un 5% en enero, lo pasó a un 6,7 en febrero, a un 8,4% marzo y se prevé que volverá a un 10% en abril.
En paralelo, en los despachos legislativos se estima que, probablemente atentos a la urgencia que impone el fin del régimen vigente, si la iniciativa se presenta en mesa de entradas de Diputados, girará a las comisiones de Energía y Presupuesto y Hacienda solamente, y se salteará las de Agricultura, Transporte, Ambiente y Ciencia y Tecnología.
De todas maneras, con el paso de las horas toma relevancia el Plan B, que es apelar al decreto que extienda los plazos. Entre las alternativas que se barajan, se tiene en cuenta que el artículo 1 de la Ley 26.093 otorga la facultad al Poder Ejecutivo de computar los quince años de vigencia de este régimen, alternativamente, desde su sanción en 2006, o bien, desde la entrada en vigencia del mandato de corte, ocurrido en 2010. Por lo tanto, Alberto Fernández, a través de un decreto simple, puede extender dicha vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, aunque no tiene por ley la facultad de establecer una prórroga corta.
En tanto, también el Poder Ejecutivo podría emitir un decreto de necesidad y urgencia, estableciendo un plazo corto adicional de vigencia de esa ley, desde el vencimiento a operar el próximo 12 de mayo. Pero la Constitución establece una excepción a la emisión de DNU cuando se trata de normas que regulen temas tributarios, y la Ley 26.093 contiene disposiciones de índole tributario.
Así las cosas, lo menos cuestionable es que el Congreso de la Nación sancione una ley con una prórroga, corta o larga, y que el Ejecutivo la promulgue. Y luego, en el futuro, otra ley, que regule adecuadamente la cuestión de fondo, podrá sustituirla.
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