Opinión

El cepo light, Vaca Muerta y la ley para la industria

Alberto Fernández dio dos poderosas señales a la industria petrolera. Llegaron en medio del recrudecimiento del cuadro de situación en Vaca Muerta, con los 700 telegramas de despido que están en medio de una negociación por estas horas entre el sindicato, el gobierno nacional y dos empresas de servicios.

Primero, fue un encuentro que las principales petroleras del país definieron como “un muy buen diálogo”. Casi en simultáneo, la otra señal de peso: el Banco Central de la República Argentina emitió la comunicación 6869 “A” que, a trazo grueso, busca cambiar el escenario para la llegada de inversiones y descomprimir un poco más la presión sobre el dólar.

En adelante, las empresas podrán girar al exterior el equivalente al 30% de los fondos que inviertan en el país. La medida no rige solo para el sector petrolero. Pero había implicado un freno de mano para el sector. La restricción que regía hasta ayer, establecida por el gobierno de Mauricio Macri, había profundizado un cuadro de situación previo, planteado por la intervención en el precio interno de los combustibles.

Fernández planteó en el encuentro con las operadoras la necesidad de buscar un esquema de precios de las naftas que sea compatible con la situación económica del país, en medio de un contexto propicio dado por el precio del Brent, el crudo de referencia en Argentina, que también presiona a la suba en el valor en los surtidores.

Les dijo también a las operadoras que le acerquen iniciativas en esa sintonía, y dejó canales abiertos con él, Kulfas y Lanziani, sus referentes para el sector energético.

Se trata de buenas señales en un contexto en el que hasta el momento imperaba la más pura incertidumbre, y luego de una semana donde en sectores de la industria había quedado cierta ambigüedad tras la entrevista en la que el presidente había relativizado el rol de Vaca Muerta. En el encuentro en La Rosada con los principales empresarios del rubro, sostuvo el rol estratégico que el shale tiene para el país, pero dijo que la ley que enviará al Congreso es un marco que buscará incentivar también al resto de los sectores petroleros.

La tríada de iniciativas que buscan reimpulsar al sector incluye una primera medida tomada por la administración Fernández: el tope del 8% a las retenciones, y la posibilidad en ciernes de que la alícuota sea variable según la coyuntura de precios del barril.

De este modo, se busca recomponer un cuadro de situación que impacta claramente en el nivel de actividad, con centenares de empleados pendientes de una instancia de resolución en el Ministerio de Trabajo, baja de equipos de perforación e incertidumbre en materia de inversiones para el 2020.

Por el lado del gobierno nacional, al hablar del proyecto que entrará en el Congreso en sesiones extraordinarias, mencionan que la norma “dará certezas para generar inversiones que permitan incrementar la producción de gas y petróleo, desarrollar una cadena productiva, impulsar la creación de puestos de trabajo e impulsar las exportaciones”.

Acaso sea de lo más claro que haya dicho Nación respecto de la política petrolera.

El frente externo, para el cual la medida del Banco Central es un atenuante, le impone varios desafíos que, como ya se mencionó, le marcan el ritmo a la producción de petróleo y gas.

Se trata de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que reserva claves para destrabar el proceso de inversiones en Vaca Muerta. Parte de los efectos de la restricción externa ya fueron anticipadas al gobierno de Chubut: YPF, por caso, planteó una disminución de inversiones de 900 millones de dólares en su plan nacional para el 2020. Ya le había anticipado a sus inversores en agosto pasado, en plena vigencia del freno al Brent, que poder subir las naftas impactaría en recortes que ahora se hacen más claros.

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