Nueva privatización de Milei: licitan el 44% de Nucleoeléctrica S.A.

En un movimiento que redefine el rumbo del sector nuclear argentino, el Gobierno Nacional anunció la privatización y licitación pública nacional e internacional del 44% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), mientras el Estado conservará el 51% del capital, asegurando el control accionario.

Complementariamente, un 5% del capital social se destinará a un Programa de Propiedad Participada (PPP), integrando a los trabajadores en el esquema accionario. Este diseño, que combina apertura al capital privado con un núcleo estatal dominante, busca equilibrar sostenibilidad financiera y soberanía estratégica.

De acuerdo al comunicado, el anuncio llega tras un 2023 marcado por la dependencia de NASA de transferencias estatales no reintegrables, que alcanzaron $700 millones. En 2024, se llevó adelante un cambio rotundo: la licitación del 44% busca captar inversión para proyectos de envergadura, como la extensión de vida de la Central Nuclear Atucha I —clave para su reingreso al mercado eléctrico en 2027— y el desarrollo del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II), crucial para la gestión de residuos radiactivos.

Según estimaciones, la extensión de Atucha I demanda inversiones superiores a los USD 500 millones, un monto que excede las capacidades actuales del Estado en un contexto fiscal restrictivo. La licitación, entonces, no solo alivia presión presupuestaria, sino que posiciona a NASA como un actor atractivo en mercados globales, donde la demanda de energía limpia crece exponencialmente.

Activo estratégico

El mantenimiento del 51% del capital en manos del Estado busca garantizar que NASA permanezca como activo estratégico, alineado con los intereses nacionales. Este control accionario asegura que decisiones clave —como la planificación de reactores o la gestión de residuos— no queden subordinadas a lógicas puramente mercantiles.

Sin embargo, la incorporación de privados introduce un nuevo vector de gobernanza: los accionistas minoritarios, probablemente fondos de inversión o empresas energéticas extranjeras, podrían presionar por maximizar rentabilidad a corto plazo, potencialmente en detrimento de objetivos de largo alcance, como la investigación en reactores modulares pequeños (SMR).

El Programa de Propiedad Participada, que reserva un 5% para los trabajadores, añade una dimensión social al esquema. Inspirado en modelos como el de YPF en los ‘90, el PPP busca alinear incentivos entre empleados y empresa, fomentando compromiso y estabilidad laboral. No obstante, su impacto real dependerá de la estructura de gobernanza: ¿tendrán los trabajadores voz en el directorio o será un gesto simbólico? La experiencia histórica sugiere que la efectividad de estos programas depende de su ejecución transparente y de la capacidad de los sindicatos para negociar condiciones equitativas.

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Atucha, una de las plantas nucleares argentinas que entrará en fase de privatización.

Implicancias estratégicas: oportunidades y riesgos

La apertura de NASA a capital privado abre un abanico de oportunidades. Primero, asegura fondeo para proyectos críticos, como Atucha I, cuya extensión hasta 2040 refuerza la matriz energética nacional (que depende en un 5-7% de la nuclear). Segundo, la entrada de know-how privado puede modernizar procesos operativos, desde la digitalización de plantas hasta la optimización de costos. Tercero, la licitación internacional posiciona a Argentina en el radar de inversores globales, un activo intangible en un mundo donde la transición energética es prioridad.

Sin embargo, los riesgos no son menores. La energía nuclear no es una commodity más: su manejo implica seguridad nacional, gestión de residuos de largo plazo y compromisos internacionales (e.g., tratados con el OIEA).

El anuncio se enmarca en un 2025 donde Argentina busca redefinir su modelo productivo tras años de crisis. La nuclear, con su capacidad de generar energía limpia y estable, es un activo estratégico en un mundo que penaliza emisiones (e.g., bajo el Acuerdo de París). Sin embargo, el historial de privatizaciones parciales en el país —desde Aerolíneas hasta YPF— sugiere que el éxito depende de la regulación estatal.