En suspenso la ley de electromovilidad

El Congreso ya cambió su composición y el proyecto de ley de promoción de movilidad sustentable que impulsa el gobierno de Alberto Fernández se quedó afuera. Si bien la iniciativa del ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, fue presentada oficialmente por el propio presidente ante representantes de cámaras industriales, fabricantes, sindicatos, terminales automotrices y empresas autopartistas, un mes antes de las elecciones a mediados de octubre, nunca llegó a entrar al recinto para su tratamiento.

A partir del 10 de diciembre, con la asunción de los legisladores electos, ni el bloque oficialista Frente de Todos ni la bancada opositora de Juntos por el Cambio, las dos principales fuerzas políticas a nivel nacional, tendrá mayoría propia. Con la nueva composición, lo que sigue es el armado de las comisiones que analizan cada proyecto según las temáticas que abarcan luego de pasar por la mesa de entrada.

En principio, antes de que terminen las sesiones ordinarias, que fueron extendidas por decreto hasta el 31 de diciembre, se estima que se van a llegar a conformar las comisiones específicas para temas puntuales como lo es el presupuesto 2022, y quizás se llegue a armar una comisión de legislación general. Para el resto, los legisladores, tanto de un lado como del otro, ya especulan que se postergarán para febrero o marzo.

En este contexto, al proyecto de ley de electromovilidad, uno de los cinco que impulsa el Ejecutivo (junto con el de hidrocarburos, el de fomento agrobioindustrial, el compre argentino y el de industria automotriz), no le queda espacio para el debate formal antes de fin de año.

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Desde la apertura de las sesiones en marzo, Alberto Fernández puso en la agenda el tema, pero recién el 12 de octubre se mostró públicamente en detalle el texto de la iniciativa y se planteó que las automotrices tendrán 20 años para la reconversión industrial ya que, si el proyecto se convierte en ley, pone como límite 2041 para la comercialización de vehículos con motor de combustión interna nuevos en el país.

Para ese segmento, dispone beneficios fiscales estáticos por la instalación de proyectos productivos de movilidad sustentable y beneficios fiscales dinámicos por el cumplimiento de metas predeterminadas: exportaciones, creación de fuentes de trabajo, mejora tecnológica y productividad sostenidas, desarrollo de proveedores e inserción federal.

Como meta intermedia para 2030, el gobierno incluyó una serie de proyecciones. El listado contiene inversiones por u$s 8300 millones, un incremento en las exportaciones por u$s 5000 millones, la creación de 21 mil puestos de trabajo (12.500 en automotrices, 6000 en autopartistas y 2500 en fábricas de baterías) y un ahorro acumulado de 10,7 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente.

En la Argentina, ya se comercializan autos electrificados desde 2017. En mayo de ese año se estableció con un decreto presidencial -el 331- que por un período de 3 años estos vehículos pagarían menos impuestos en concepto de derechos a la importación.

Así, mientras los vehículos convencionales pagan un 35%, los que utilizan las nuevas tecnologías limpias -entre los que se agruparon unidades híbridas y totalmente eléctricas- pagaron un 5%, lo que les permitió abaratar el precio de venta. De todas maneras, la medida también disponía un cupo de 2000 vehículos por año y esos cupos están agotados.

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Otro tema que también se debe ajustar es la matriz energética. Según los especialistas, no sirve de nada planificar una transición hacia la movilidad eléctrica si las fuentes de generación de la electricidad siguen siendo en su mayoría de origen fósil.

Por otra parte, sin ir tan lejos, si se convierte el 100% del parque vehicular a electricidad, no alcanza hoy la generación para abastecerlos a todos. El país no cuenta actualmente con suficiente energía para abastecer el consumo industrial, el doméstico y también el potencial que tendría la movilidad; es decir que hay que desarrollar una generación que hoy el país no tiene.

Se agrega a los temas pendientes la cuestión de la infraestructura de carga: por un lado, las automotrices dicen que no traen vehículos eléctricos porque en realidad no hay infraestructura de carga pública y, por el otro, quienes se ocupan de eso apuntan que si no hay vehículos eléctricos nadie va a realizar mayores inversiones. No obstante, más allá de si es posible instalar estaciones de carga, difícilmente logren abastecerse de energía para proveer a los usuarios.