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Plan Gas 4: un escenario previo marcado por las deudas

El gobierno nacional anunciaría la semana próxima el nuevo precio estímulo. El contexto previo está signado por deudas con las productoras.

Octubre es el mes en el que se lanzará la cuarta versión del Plan Gas, o "Esquema de Gas 2020-2024", según anticipó reiteradamente el Gobierno nacional. La semana entrante podría ser el momento en que el presidente, Alberto Fernández, visite Neuquén y anuncie el plan para relanzar Vaca Muerta, tras un año de de freno en las inversiones.

El programa de estímulos a la producción de gas para evitar en los años siguientes un incremento en las importaciones de combustibles (ya sea el gas en estado natural o lícuado y liquidos como gasoil y fuel oil para el funcionamiento de las centrales termoeléctricas) cuenta con un obstáculo: las dudas de los privados en relación a la cancelación de compromisos que tiene el Estado Nacional.

Son varias las deudas que acumula el Tesoro con las petroleras. Pero hay una que es la mayor fuente de incertidumbre: la que se originó por las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA) en 2018, a causa de la devaluación del peso frente al dólar entre abril y septiembre de ese año.

El resto corresponde a una deuda por el Plan Gas I, II y III, la Resolución 46/2017 y los pagos que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista (CAMMESA) tiene que hacer para abastecer a las centrales termoeléctricas.

Las obligaciones más inquietantes corresponden a privados (las distribuidoras de gas ante las productoras) y la deuda se estatizó mediante el Decreto 1053/2018. Es que, de otro modo, las empresas como Camuzzi, Metrogas, Naturgy, Ecogas y otras hubieran tenido que trasladar esas diferencias a las facturas de los usuarios, ya que son "neutrales" en la compraventa del gas natural: no pueden perder ni ganar dinero por esa operación, ya que su tarifa está regulada por el Estado.

Las acreencias de las petroleras por este concepto totalizaban $ 24.500 millones y se pagarían en 24 cuotas a partir de octubre de 2019, pero el Tesoro solamente giró una cuota. Cuando a mediados de 2020 el Gobierno estaba a punto de retomar los pagos, una denuncia penal del interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Federico Bernal, contra el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, frenó todo.

Sucede que los precios del gas que surgieron a fines de 2017 de las Bases y Condiciones para el Abastecimiento de Gas Natural fueron cuestionados por estar fuera de la Ley 24.076 y no llegar al mercado a través de una subasta, sino de ser fijados en una mesa por el Estado y las petroleras, de acuerdo a la denuncia de Bernal.

Esa decisión tuvo un correlato en que el mismo Estado resultó en cierta forma perjudicado. Integración Energética Argentina (IEASA, la ex ENARSA) e YPF tienen por percibir unos $ 15.400 millones en total ($ 8900 millones y $ 6500 millones, respectivamente), más del 60% de las DDA de 2018.

La francesa Total Austral, con $ 2350 millones, era el mayor acreedor privado de esa deuda. El resto es Pan American Energy (PAE), con $ 2100 millones; Pampa Energía, con $ 1200 millones; la alemana Wintershall Dea, con $ 960 millones; Tecpetrol, con $ 635 millones; Pluspetrol, con $ 475 millones; Compañía General de Combustibles (CGC), con $ 410 millones; y Vista Oil & Gas, con $ 35 millones.

Sin embargo, en términos nominales, la mayor deuda del Estado con las petroleras está siendo pagada desde febrero del año pasado y es precisamente por las anteriores tres versiones del Plan Gas.

Como en 2017 el Tesoro no giró esos fondos, aprobó en abril de 2018 un plan de pagos en 30 cuotas por unos u$s 1583 millones. Otra vez, quienes contabilizaban más acreencias eran YPF (u$s 792,1 millones), PAE (u$s 162,9 millones), Total (u$s 159,5 millones) y Wintershall Dea (u$s 120,8 millones), pero esa deuda ya se canceló en más de un 50% y terminará de pagarse a mediados del año que viene.

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