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Litio: entre nuevas reglas y promesas varias

La Resolución 5197 cosechó múltiples críticas. En la industria coinciden en la necesidad de establecer reglas claras, sobre todo en inversiones a largo plazo.

Argentina tiene en marcha tan solo dos proyectos en producción de carbonato de litio (Fénix, de la estadounidense Livent, y Olaroz, en el que están asociados la australiana Allkem, la japonesa Toyota Tsusho y la estatal provincial argentina JEMSE) y aun así es el cuarto mayor productor global. Durante el año pasado vendió más de 27.000 toneladas por un valor de 185 millones de dólares y tiene mercados que van desde Canadá y Estados Unidos hasta Corea del Sur, China, Taiwán y Tailandia. Claramente es un negocio que promete.

En este contexto, se conoció la Resolución General 5197/2022, de la Dirección General de Aduanas (DGA), en la que se fija un precio testigo de 53 dólares el kilogramo (53.000 por tonelada) de carbonato de litio para las exportaciones.

“La medida es el resultado del trabajo conjunto con las áreas especializadas de fiscalidad internacional de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para desarticular irregularidades detectadas e investigadas a lo largo de los últimos dos años en las exportaciones del carbonato de litio”, fundamentó la resolución.

Mientras desde la DGA defendían la medida -“la normativa tiende a transparentar las operaciones del sector. Los valores de referencia son una herramienta que permite evitar maniobras abusivas que afectan los ingresos fiscales y la correcta liquidación de divisas”-, lo cierto es que causó revuelo entre los empresarios, inversores y funcionarios provinciales.

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Para muestra basta un botón

El desconcierto fue tal que se levantaron varias voces alertando sobre la necesidad de establecer reglas duraderas, sobre todo en inversiones a tan largo plazo. De hecho, la incertidumbre que se desató en el sector fue de tal magnitud que la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) salió a mostrar su preocupación por la decisión del gobierno y a insistir en la necesidad de respetar las reglas del juego para que se pueden concretar los cerca de 5000 millones de dólares en inversiones que se esperan para la producción de litio en la Argentina en los próximos años.

“Es fundamental que el país sea capaz de sostener un marco estable de reglas claras y seguridad jurídica que permita la planificación de inversiones de carácter productivo. La noticia de la creación de esta nueva norma genera un impacto negativo en las empresas con inversiones en la Argentina y en el desarrollo de otros proyectos en carpeta. Para consolidar la llegada de inversiones mineras y el crecimiento productivo, es esencial que el país pueda garantizar la estabilidad de sus reglas y normas. Los cambios en las condiciones perjudican las planificaciones de largo plazo que requieren este tipo de inversiones”, explicó un comunicado de la CAEM.

Junto con la entidad se manifestaron varios actores con declaraciones a medios especializados como Desarrollo Energético. Un ejemplo es Gabriel Rubacha, consultor independiente y ex CEO de Minera Exar, quien dijo: “Este precio no tiene que ver con la realidad de hoy. Son válidos con el spot, pero no condicen con los contratos que están hechos a menor precio. Normalmente, no se hacen operaciones a valor spot. Esto lo hizo gente que no conoce el mercado”.

Desde Sales de Jujuy, uno de los jugadores fuertes en Argentina, dijeron: “Desde la empresa vemos con preocupación este tipo de medidas ya que no generan reglas claras, son arbitrarias y poco contribuyen a seguir favoreciendo escenarios de inversiones y planificación de esta industria que está en crecimiento”.

Es como si fuera una retención, un costo operativo. Con esto, va a pasar exactamente lo mismo. La Aduana no tiene límite. Puede llegar a ser un riesgo porque sienta un precedente”, afirmó el ex ministro de Minería de Catamarca, Rodolfo Micone.

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Complicaciones en el corto plazo

Las dos empresas impactadas en el corto plazo son Livent Lithium y Sales de Jujuy, que son las únicas que tienen proyectos en funcionamiento en el país en la actualidad. La primera es una unidad de la estadounidense Livent, mientras que la segunda está controlada 66,50% por la australiana Allkem, 25% por la japonesa Toyota Tsusho y 8,50% por la local Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE).

Sin embargo, la normativa también tendrá un impacto en el mediano plazo en los planes de todas las compañías, en su gran mayoría chinas, que actualmente están construyendo sus proyectos y comenzarán a producir a lo largo de este año y el siguiente.

Como el carbonato de litio no es considerado un commodity, su valor se establece a partir de acuerdos entre privados, entre el vendedor y el comprador, quienes firman contratos de largo plazo (mayores a un año de vigencia) que establecen volúmenes y precios de acuerdo con el mercado en donde se comercializa. Desde el sector concuerdan en que el valor del carbonato de litio caerá en los próximos años, aunque todos difieren en el nivel que alcanzará.

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