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Las claves sobre el futuro de las hidroeléctricas

La concesión de las represas permitirá analizar las inversiones para su modernización, el rol de las provincias y el Estado nacional, y la participación de la hidroelectricidad que cayó en un 50% desde las privatizaciones de los 90.

Los contratos de concesión de las represas hidroeléctricas que comenzarán a vencer en mayo de 2023 dejarán como saldo una fuerte retracción de la participación de este modelo de generación en la matriz energética nacional, y un parque generador que en medios oficiales se anticipa requerirá de obras importantes para la extensión de vida, ampliación de capacidad y mejora de eficiencia, una carga presupuestaria que ninguna provincia está en condiciones de afrontar.

Las concesiones otorgadas en 1993 en medio de la ola privatizadora del gobierno de Carlos Menem llegan a su fin y alcanzan, entre las más importantes, a las emplazadas en la cuenca del Comahue: El Chocón, Arroyito; Alicurá, Piedra del Águila, Planicie Banderita, y las presas Portezuelo Grande, Loma de la Lata y El Chañar. Hoy esas generadoras, las más importantes del sistema junto a las binacionales Yacyretá y Salto Grande, están en manos de los grupos Enel, AES, Central Puerto y Pampa Energía, las cuales -entre otras del sistema- tienen millonarias acreencias con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), números que querrán asegurar su cobrabilidad al término de las concesiones o al menos que sean parte de eventuales negociaciones.

De acuerdo a los contratos vigentes, las centrales deben ser revertidas sin cargo ni costo al concedente, es decir el Estado Nacional, tal como se especifica en los estatutos de las sociedades creadas en la década del 90 para concesionar las empresas hidroeléctricas. Aquel proceso se dio a la par de la liquidación de las empresas Hidronor y Agua y Energía Eléctrica, lo que derivó en la entrega de una treintena de represas en varias provincias, aunque las más importantes de ellas en cuanto a capacidad de generación son las ubicadas en los ríos Neuquén y Limay que concentran poco más del 70% de generación concesionada. Aquel fue el punto de partida de un proceso de retracción de la participación de la generación hidroeléctrica en la matriz nacional, ya que pasó de casi un 50% a principios de los 90, al 22% que representó en 2020, incluso antes de que se produjera el pico de baja hidraulicidad que afrontan hoy las distintas cuencas.

Casi 30 años después esas represas mantienen su adecuado funcionamiento pero algunas ya empiezan a requerir estudios de extensión de vida útil, reemplazo de componentes y actualización tecnológica. Fuentes oficiales explicaron que en el Gobierno unas primeras estimaciones permiten prever que serán necesarias encarar para lo que resta de la década inversiones de unos US$ 1.500 para actualizar el parque generador hidroeléctrico, obras que exceden a las concesiones en análisis y alcanzan también los trabajos mayores previstos para Yacyretá y Salto Grande.

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Para aportar con precisión a ese análisis, la Secretaría de Energía acaba de anunciar que llevará adelante en lo que resta del año una auditoría amplia para saber cuál es la situación técnica de cada una de las hidroeléctricas, cuáles son las necesidades de mantenimiento, modernización y la posibilidad de ampliación de potencia de cada una de las represas. Datos que se asegura serán determinantes a la hora de decidir el futuro de las concesiones, resolución que deberá adoptarse durante 2022 ya sea por la extensión de la operación en manos de privados o su regreso al Estado.

El exsecretario de Energía, Jorge Lapeña, y presidente del Instituto Argentino de la Energía (IAE) afirmó que antes que ello se produzca “es necesario algunos trabajos previos a través de auditorias técnicas que establezcan cuál es el estado de situación de las instalaciones, estudios que permitan inferir cuáles son las obras que hay que hacer en el futuro teniendo en cuenta que muchas de estas instalaciones cerca de terminar su vida útil y requerirán de inversiones importantes”, así como también una evaluación de la situación económico-financiera de las sociedades.

Lapeña también destacó que es necesario decidir “cómo se va a administrar ese conjunto empresario, lo cual debería ser objeto de un estudio organizativo para crear una unidad de coordinación administrativa y técnica que haga el control de estas centrales revertidas al Estado Nacional, un rol que cumplía la empresa Hidronor hasta 1993”. Deberá tratarse de “una entidad no burocrática, de elevada jerarquía para gestionar proyectos de extensión de la vida útil y reparaciones e inversiones mayores”.

En esa línea el Instituto a su cargo propone también diseñar un Marco Regulatorio Integral para todas las centrales hidroeléctricas existentes y a construir un modelo de contrato de gestión para llevar a cabo el proceso de selección y adjudicación de las empresas privadas y/o públicas que se harán cargo de la operación y mantenimiento por períodos no mayores a 10 años de modo de evitar un posible deterioro de las instalaciones por mala gestión, que luego será muy difícil de revertir.

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Roberto Fagán, ex gerente general de Hidroeléctrica El Chocón y hoy consultor en Desarrollo de Negocios Energéticos, participó de un Documento de Propuestas para las Concesiones Energéticas que en breve se dará a conocer elaborado por ex integrantes de la empresa Hidronor. A partir de esa experiencia, Fagán aseguró que “las centrales están en perfectísimo estado de operación y mantenimiento, lo que no quita que en una nueva concesión se llegue a la obsolescencia de muchos equipos y en la parte electromecánica y sistemas de control se deberán incluir obras obligatorias de renovación de equipamiento lo que permitiría incluso sacar mas rendimiento con nuevos diseños de turbinas”. Pero no ocurre lo mismo, aclara, con el mantenimiento de la obras civiles que se viene realizando de manera rigurosa a través del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep).

Fagán y sus colegas, entienden la actual instancia como “una oportunidad para promover la construcción de nuevos emprendimientos hídricos de usos múltiples que incluyan la generación hidroeléctrica. Y desarrollar alternativas para que ello sea viable económica, financiera y ambientalmente, sin tener que recurrir al pedido de fondos al Estado Nacional, ni comercializar la “nueva energía” a precios que la demanda no podría pagar”. Para lograrlo, el Estado nacional podría obtener fondos propios genuinos, “asignando con destino específico parte de las ventas de energía de las centrales hidroeléctricas bajo una nueva concesión, a través de la creación de un nuevo canon bajo la administración de un fideicomiso”.

Finalmente, Lapeña y Fagán se encargan de refutar las pretensiones de quienes pretenden que el control de las concesiones pasen a manos de los estados provinciales: “Las centrales fueron construidas con el aporte de todos los argentinos y están ubicadas en ríos provinciales o interprovinciales, pero esa situación no implica que sean de las provincias, el propietario único es el Estado nacional que dio la concesión y a que debe revertirse” expresó Lapeña. Y en ese aspecto, Fagán lamentó “la confusión de algunos sectores provinciales entre la propiedad del recurso que es genuina e indiscutible por el cual cobran las regalías, y los activos, las inversiones en obras que fueron hechas con fondos del Estado nacional, pagadas por las tarifas de todo el país mediante fondos específicos desde la década del 60 hasta 1993”.

De las palabras de ambos se desprende que gestionar centrales de este tamaño, entre las más grandes de la Argentina, excede las capacidades de una provincia, sobre todo teniendo en cuenta que implica hacer inversiones mayores que demandan condiciones técnicas, económicas y financieras que sólo puede cumplir el Estado nacional.

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