Guzmán

Mineros de San Juan pidieron a Guzmán un acuerdo nacional con reglas estables

Los empresarios cuyanos reclamaron al ministro de Economía una revisión para las retenciones a la exportación y las restricciones en los flujos de divisas. Aseguraron que, por el cobre sanjuanino, podrían ingresar más de 15.000 millones de dólares en 10 años.

Como parte de la agenda de su primera visita a la provincia de San Juan como ministro de Economía, Martín Guzmán se reunió con referentes de diversos sectores de productivos de la provincia. En ese marco, empresarios mineros remarcaron la necesidad de reforzar la Ley de Inversiones Mineras, y como temas puntuales resaltaron el de revisar los plazos de devolución del IVA y las retenciones a exportaciones, entre otros aspectos vinculados puntualmente a temas de tributación.

Por su parte, el presidente de la Cámara Minera de San Juan, Mario Hernández, indicó que es preciso reforzar en conjunto los temas que apuntan a concretar la llegada de las inversiones para el sector. “Necesitamos asegurar las condiciones que se requieren para recibir las inversiones que hacen falta para construir las bases que nos darán producción minera por los próximos 30 años, y eso debería darse en un acuerdo nacional basado en las reglas de juego estables”, sintetizó Hernández ante la consulta de +e sobre qué le manifestaron a Guzmán durante el encuentro en la capital cuyana.

En ese sentido, la Unión Industrial de San Juan (UISJ), que también participó del cónclave, le entregó al ministro un documento titulado “Estabilidad para aprovechar oportunidades” en el que se describe que “con solo 4 proyectos actuales de cobre en vías de factibilidad podrían en los próximos 10 años ingresar más de 15.000 millones de dólares en inversiones, que pueden tener un impacto multiplicador con un agregado de valor para la económica local de más de 100.000 millones de dólares en las próximas cuatro décadas de vigencia de esos proyectos”.

No obstante, los representantes de la UISJ añadieron en el informe que para que ello requiere “asegurar a los inversores condiciones de estabilidad jurídica, tributaria y cambiaria propias de toda inversión de largo plazo, además de garantías de poder acceder a sus utilidades”.

“Algunas regulaciones actuales en materia de retenciones a las exportaciones y restricciones a los flujos de divisas extranjeras, sumado a la desconfianza que generan las brechas cambiarias, ofrecen dudas a los inversores que requieren ser despejadas urgentemente para poder aprovechar esas oportunidades con un enfoque sectorial específico”, le demandaron al ministro por escrito.

Por caso, Josemaría, uno de esos cuatro proyectos en carpeta que tiene San Juan, tiene previsto el desembolso de 3090 millones de dólares para producir cobre y oro y está localizado en el extremo noroeste de la provincia, a 4.295 msnm. Recientemente, las autoridades de la firma Josemaría Resources presentaron el Informe de Impacto Ambiental (IIA) y ya tiene hecha la factibilidad.

“Sólo queda un punto más para ver que es una serie de acuerdos con la Nación y que el panorama argentino sea el más favorable”, señaló Alfredo Vitaller, gerente de la compañía canadiense a cargo, durante esa presentación.

En esa oportunidad, el empresario también explicó que se dialoga sobre condiciones impositivas, como regalías o las condiciones de exportación, y algunos permisos que han solicitado para el inicio del trabajo. Además, dijo que entre los factores están las negociaciones con el FMI que encabeza Guzmán, que según dijo los inversores externos siguen con mucha atención.

En el inicio, el gobierno nacional buscó dar una señal al sector con la Ley 27.541 de Solidaridad al establecer que los derechos de exportación de minerales metalíferos se iban a fijar en un 8% en vez del 12%. No obstante, la medida tiene vencimiento, además de que se vio maltrecha porque luego se demoró su implementación 10 meses -en efecto, hasta octubre de 2020 las mineras siguieron pagando el 12%-.

Esa ley que fue ideada en un marco de emergencia -muy diferente al actual porque no tuvo en cuenta lo que vendría que era la gestión de una pandemia-, tiene vigencia hasta diciembre, es decir que podría haber cambios para las retenciones a partir de esa fecha.

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