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El plan para ayudar a la macro

Un objetivo central del nuevo esquema de precios para la producción de gas pasa por evitar la salida de más dólares. La balanza energética puede ser una herramienta clave.

En apenas siete años, de 2006 a 2013, la Argentina perdió un flujo de u$s 13.000 millones anuales en su balanza comercial por el deterioro de la situación energética, lo que tuvo un impacto determinante en el estancamiento económico que vivió el país entre 2011 y 2018, y que en los últimos dos años y medio trocó a una recesión profunda y duradera.

El dato lo subrayaba el año pasado el ex secretario de Energía Gustavo Lopetegui (mano derecha del ex presidente, Mauricio Macri, en la gestión económica) y retrata a la perfección el ciclo de auge y depresión que vivió la Argentina en los últimos 18 años, tras la salida de la convertibilidad.

También grafica la importancia de salir del congelamiento de las tarifas, fomentar las inversiones y no dejar que el peso de los subsidios se agrande en comparación con la riqueza bruta nacional (PBI).

El Plan Gas 4 surge como una respuesta del Gobierno para no repetir los errores de antaño. La certeza de que las petroleras tendrán un margen de al menos 11 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) para exportar a Chile y la posibilidad de obtener otros saldos para llegar hasta Brasil sumarán dólares frescos a las castigadas cuentas del Banco Central y además permitirán que las importaciones se reemplacen con trabajo local.

La experiencia indica que los planes Gas anteriores que implementó el kirchnerismo cumplieron con creces sus objetivos, al alto costo de pagar u$s 7,50 por millón de BTU. La producción de gas, luego de desplomarse entre 2004 y 2012, empezó a recuperarse a partir de 2013, con estímulos y la renacionalización de YPF, motor de la energía.

Esta vez los objetivos son más modestos. El precio será la mitad versus los planes Gas 1 y 2, en un contexto mundial de depresión económica y sobreoferta de este combustible. Y los volúmenes de producción apenas si se podrán mantener constantes en cuatro años.

El efecto de mediano plazo de estos programas fue sumamente positivo: el déficit de la balanza comercial energética se fue cerrando desde 2013 hasta 2019, año en el que hubo un virtual equilibrio.

Para el Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, think tank del radicalismo que conduce el ex secretario de Energía de Raúl Alfonsín, Jorge Lapeña, “la energía es parte del problema económico”.

El Plan Gas, que no tiene determinaciones centrales sobre las tarifas y los subsidios (definiciones que serán más políticas que técnicas), puede terminar en otra gran decepción para el país si el costo fiscal se vuelve imposible de asumir, como ya ocurrió en enero de 2019 con la resolución 46/2017 y los estímulos para Tecpetrol en su campo Fortín de Piedra.

En los próximos años, la intención oficial está bien clara. Ya señaló el actual secretario de Energía, Darío Martínez, que Argentina no va a dejar de importar gas en invierno, e incluso dejó entrever que podría volver un barco regasificador al puerto de Bahía Blanca.

Su equipo, no obstante, trabaja para que no se importen combustibles líquidos como el diesel oil y el fuel oil, que podrían suplir faltantes de gas para la generación termoeléctrica.

Estos líquidos cuestan más de u$s 10 por millón de BTU (contra unos u$s 5 del GNL y u$s 6 del gas importado de Bolivia) y ya experimentaron en 2020 un aumento en su consumo, en parte por la bajísima generación hidroeléctrica en Yacyretá y Salto Grande, represas del Litoral afectadas por las sequías río arriba, en Brasil.

En el más largo plazo, el país podría asumir el desafío de explorar a mayor escala otros mercados por fuera del regional si es que los crecientes volúmenes de gas satisfacen la demanda prioritaria. Esa sería otra instancia que contribuiría al ingreso de dólares por exportaciones.

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