Nuevo decreto de Milei: así se moderniza el mercado eléctrico argentino y se fomenta la inversión

Comenzó la semana con novedades para el sector energético. A través del Decreto 450/2025, publicado hoy temprano, el gobierno de Javier Milei modificó las leyes 15.336 y 24.065, con el objetivo de normalizar, liberar y modernizar el mercado eléctrico. Estas medidas buscan transformar un sistema que, durante las últimas dos décadas, consumió más de 105,000 millones de dólares en subsidios, según datos oficiales.

El Decreto 450/2025 introduce adecuaciones a las leyes 15.336 (Régimen de Energía Eléctrica) y 24.065 (Marco Regulatorio Eléctrico); se establecen las bases jurídicas para una reforma estructural que promete beneficiar a los usuarios y posicionar al sector privado como actor clave.

Este decreto, enmarcado en el artículo 162 de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, tiene como objetivo fundamental un mercado eléctrico "competitivo, abierto y transparente".

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Los cambios, uno por uno

Las principales transformaciones impulsadas por el decreto incluyen:

Apertura al comercio internacional: Es uno de los pilares de esta reforma. El Estado solo podrá intervenir por razones técnicas o de seguridad, lo que permitirá a Argentina integrarse a los mercados globales. Esta medida no solo fomenta la competencia, sino que posiciona al país como un actor clave en el intercambio energético regional, potencialmente incrementando las exportaciones y generando ingresos adicionales.

Restauración de contratos privados: Revirtiendo restricciones vigentes desde 2013, el gobierno restaura los contratos privados en el sector energético. Esta decisión intenta enviar un mensaje a los inversores: Argentina es un destino seguro para el capital a largo plazo.

Libertad para los consumidores: Según el gobierno, por primera vez, los usuarios tendrán la libertad de elegir a sus proveedores de energía sin obstáculos regulatorios. Asegura que medida fomenta una competencia sana que podría traducirse en mejores servicios y precios más bajos para los consumidores, tanto residenciales como industriales, beneficiando directamente sus bolsillos.

Sin embargo, el servicio de distribución de energía eléctrica suele ser considerado un monopolio natural. Esto se debe a que la infraestructura necesaria para distribuir la electricidad, como redes de cables y postes, requiere una inversión inicial muy alta, lo que hace que sea ineficiente que múltiples empresas compitan por la misma área geográfica. Por lo tanto, una sola empresa suele encargarse de la distribución en una zona determinada, lo que le otorga un monopolio de facto.

Facturas sin impuestos locales

Facturación transparente: Las reformas eliminan impuestos locales y cargos no relacionados en las facturas de energía. Ahora, los usuarios pagarán únicamente por el servicio consumido, lo que garantiza una relación más justa y transparente entre proveedores y clientes. Esta claridad podría aumentar la confianza en el sistema energético, asegura el gobierno.

Inversión privada en Infraestructura: Se permite llevar adelante iniciativas bajo el riesgo de los inversores. Esto reduce la carga financiera del Estado y acelera el desarrollo de redes esenciales para satisfacer la creciente demanda energética.

Transición ordenada: Para asegurar una implementación efectiva, se ha establecido un período de transición de 24 meses, coordinado por la Secretaría de Energía bajo el Ministerio de Economía.

De manera coordinada con la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, el decreto establece un período de transición de 24 meses. Durante este lapso, se adecuará toda la normativa complementaria. Con estas medidas, desde Energía afirman que el gobierno busca devolver al sector eléctrico su "verdadera esencia": una industria basada en la inversión privada, la autosuficiencia económico-financiera, las señales de mercado y la libertad de elección.