ART bajo presión: advierten por el avance de la "industria del juicio" en el sector petrolero

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) volvió a encender alarmas frente al crecimiento de la litigiosidad laboral y apuntó contra el rol de los peritos judiciales en los juicios por accidentes de trabajo.

A la vez, la Mutual de Empleados y Obreros de Petroleros Privados (MEOPP) advirtió sobre maniobras fraudulentas que afectan al sistema en los yacimientos. El gerente general de la organización, Gonzalo De la Sierra, planteó que la situación ya alcanzó niveles inéditos en el país.

Alarmas por el avance de la litigiosidad laboral

“Las pericias judiciales, en franco incumplimiento a la Ley 27.348 y sus 18 adhesiones provinciales, está haciendo colapsar al sistema de ART y atenta contra la generación de empleo formal en el país”, sostuvo la UART. A través de un comunicado, la organización remarcó que los peritos que establecen los porcentajes de incapacidad en los juzgados laborales son externos, actúan sin auditoría y que “sus honorarios están ligados, directa o indirectamente, al resultado del juicio". De acuerdo a la entidad, estos profesionales determinan incapacidades “según sus propios criterios”.

Desde la UART sostienen que “la multiplicación sistemática de juicios con montos que constituyen un aliciente a la judicialidad” eleva los costos laborales, desalienta la formalidad y “está haciendo colapsar al sistema de ART, que protege tanto a empresas como a trabajadores".

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Alerta en la ART de Petroleros Privados

Del lado del sector petrolero, la preocupación es concreta. En octubre, la ART del gremio de Petroleros Privados informó su alcance actual, con más de 21.000 operarios cubiertos y 170 empresas bajo su ala, muchas de ellas vinculadas a Vaca Muerta y a su cadena de servicios. En ese contexto, la entidad expuso presuntas maniobras de estafa a través de reclamos judiciales fraudulentos.

En comunicación con +e, De la Sierra explicó que la litigiosidad laboral “afecta la cobertura de riesgos del trabajo" y añadió que "particularmente en los últimos años, se disparó a niveles históricos, con juicios irreales vinculados a la cobertura de ARTs, el más alto en los últimos quince años”.

Según señaló, muchas de estas demandas son impulsadas por prácticas abusivas de algunos peritos, médicos y abogados, quienes “al cobrar un porcentaje de honorarios por el reclamo judicial, elevan los montos y presentan casos insólitos, con incapacidades del 90% o incluso del 120%”.

"Una industria paralela del juicio"

De la Sierra declaró que la situación es particularmente grave en Neuquén, donde MEOPP tiene su mayor desarrolló. Allí, explicó, se conformó “una industria del juicio paralela al sistema de riesgo de trabajo que está haciendo colapsar la cobertura y la solvencia de muchas ART”.

En comparación con otros países, el directivo precisó que Argentina tiene 21 veces más juicios de ART que Chile y 14 veces más que España, pese a que los índices de accidentabilidad “han bajado entre un 30% y un 40%”.

Para el titular de la entidad, la solución "no requiere inventar nada nuevo", sino “respetar las normas”. Recordó que la Ley de Riesgos del Trabajo y su ley complementaria de 2017 “le dan fuerza al desarrollo de las comisiones médicas provinciales, pertenecientes a la Superintendencia de Riesgos, para que los trabajadores puedan resolver divergencias de manera administrativa y gratuita”.

“Hoy en Neuquén hay comisiones médicas en la capital, en Plaza Huincul y en Zapala, y está próxima a abrirse una en Chos Malal”, detalló. Sin embargo, planteó que es necesario “un decreto provincial moderno que garantice y dé respaldo a esta ley complementaria, y que haga obligatorio el paso por la vía administrativa antes de judicializar los casos”.

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En tanto, el dirigente de MEOPP propuso implementar cuerpos médicos forenses laborales, tal como prevé la Ley 27.348, y que funcionan en provincias como Mendoza o Río Negro. En esos distritos, los peritos perciben un valor fijo por reclamo, y no un porcentaje del monto demandado. “Esto haría que las incapacidades sean razonables y no del 120% o 102%, que son cosas absurdas”, subrayó.

Asimismo, De la Sierra alertó sobre el accionar de call centers "que compran bases de datos y llaman a los trabajadores ofreciéndoles cosas para hacerles juicio a las ART". Según explicó, “9 de cada 10 casos que llegan a la Justicia por reclamos judiciales iniciados por abogados son casos sin incapacidad o directamente inculpables”.

“Muchos trabajadores ni siquiera saben que firmaron un poder para iniciar una demanda. Se dan cuenta cuando la ART los llama para resolver el caso por vía administrativa”, dijo. En otros casos, agregó, "hay profesionales que se llenan los bolsillos a costa de los trabajadores, que muchas veces no reciben el total del dinero que le corresponde por la indemnización en reclamación judicial, y al mismo tiempo, como las incapacidades que reclaman los profesionales son absurdas y son tan elevadas, en muchos casos el trabajador queda inhabilitado para seguir trabajando y debe jubilarse por incapacidad".

Gonzalo de la Sierra, gerente general de MEOPP ART Mutual.jpeg

“Queremos erradicar de cuajo esta industria del juicio paralela que tanto daña, primero a los trabajadores, porque son usados como carnada, y luego a las pymes, porque la alícuota la pagan las empresas y esto incrementa el costo laboral”, explicó.

Finalmente, señaló que “Neuquén tiene más juicios laborales per cápita que otras jurisdicciones con mayor regulación”. “Desde el sindicato y desde la ART mutual estamos trabajando para resolver este problema. Tenemos que volver al espíritu prevencionista de la Ley de Riesgos del Trabajo y mejorar la calidad de vida de los trabajadores", concluyó.