Deuda

Guiño a las provincias por la millonaria deuda eléctrica

Tuvo media sanción el régimen de pagos para normalizar la deuda de empresas públicas y cooperativas con Cammesa por más de $120.000 millones.

La Cámara de Diputados le dio media sanción este jueves al proyecto de Presupuesto 2021, con un artículo dedicado a saldar las deudas del mercado eléctrico y empezar a normalizar la situación económica del sector atravesado por una deuda que supera los 120.000 millones de pesos.

En su Artículo 87, la Cámara Baja del Congreso estableció un "régimen especial de regularización de obligaciones" acumuladas hasta el 30 de septiembre de 2020 por las distribuidoras de energía eléctrica con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), con criterios diferenciados por origen y trayectoria de esas obligaciones impagas. Se podrán reconocer créditos equivalentes al 66% de la deuda o hasta 5 veces la factura media mensual, y el resto deberá ser pagado en hasta 60 cuotas, con 6 meses de gracia y una tasa de interés equivalente a la mitad de la vigente en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Las ventajosas condiciones negociadas son un respiro para empresas públicas y privadas del país en un momento de congelamiento de tarifas, que lleva ya más de un año y medio.

Solo hasta el 31 de agosto, la deuda alcanzaba los $ 103.168 millones, pero este medio pudo saber que superó los $ 120.000 millones a fines del mes anterior.

Las más morosas corresponden a las distribuidoras de carácter privado que operan en Capital Federal y el Gran Buenos Aires: Edenor, con $ 17.479 millones; y Edesur, con $ 15.682 millones. Entre ellas acumulan un cuarto de la deuda total (acorde a la cantidad de usuarios que atienden sobre el total del país). Estas compañías debían hasta septiembre el equivalente a 3 facturas con CAMMESA; desde julio que no la cancelan.

La siguiente en la lista de las distribuidoras morosas es la Empresa Provincial de Energía (EPE) de Santa Fe, con $13.937 millones, y una deuda que empezó a ascender este año. Electricidad de Misiones (EMSA), con $ 11.624 millones, completa el ranking de las más deudoras. Por abajo están en conjunto las cooperativas de Chubut, y firmas privadas y públicas de Mendoza, Chaco y Río Negro.

A cambio de estas condiciones, el Gobierno podrá acordar instrumentos que promuevan la ejecución de inversiones para mejorar la calidad del servicio o para reducir la deuda de los usuarios más vulnerables en términos económicos.

Apenas 11 meses atrás, las distribuidoras habían cerrado 2019 con una deuda cercana a los $ 30.000 millones, que a su vez era un 50% más grande que a fines de 2018 (en torno a los $ 20.000 millones).

La explosión de la burbuja sucedió con la pandemia, que tornó incobrables a algunos usuarios y demoró la cadena de pagos en otros casos.

Esta situación tiene su correlato en las cuentas del Tesoro Nacional y de las generadoras eléctricas, ya que el intermediario (CAMMESA) viene pagando las deudas con un atraso de entre 30 y 40 días, según cuentan en la Asociación de Generadoras de Energía Eléctrica (AGEERA).

Asimismo, el Estado Nacional tiene que girar una mayor parte de subsidios para cubrir los ingresos que no salen de los bolsillos de los consumidores (vía tarifas) o de las arcas de las distribuidoras, que utilizan esos recursos para pagar gastos corrientes y financiar su plan de inversiones.

Hasta esta semana, el Tesoro devengó $ 263.002,53 millones para las transacciones económicas de CAMMESA, mediante el programa presupuestario "Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica". Se trata de una ejecución de 80,73% de lo previsto, en línea con el tiempo transcurrido de 2020, pero después de sucesivas ampliaciones presupuestarias.

Hacia fin de año, únicamente el 40% del costo de generar electricidad será abordado por los usuarios, mientras que el otro 60% se cubrirá con subsidios. Esa relación se mantendría estable en 2021.

Antes de que se desate la primera crisis cambiaria del Gobierno de Mauricio Macri, en marzo de 2018, el Estado aportaba solamente el 25% del costo con subsidios, mientras que los usuarios pagaban 75%. La idea del macrismo era que esa relación fuera de 90% a cargo de los clientes y 10% del Estado para finales de 2019, pero la devaluación lo tornó imposible.

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