Fin de las concesiones: una pelea por el control y la renta

En nueve meses vencerán los contratos para la operación, mantenimiento y explotación comercial de las represas de los ríos Limay y Neuquén que el Estado nacional otorgó en 1993 a empresas privadas, y aún no hay un panorama claro de qué pasará con el manejo de las hidroeléctricas.

El gobierno de Neuquén elaboró un informe que propone discutir el esquema normativo de generación de energía eléctrica, así como su interpretación, que genera controversias sobre el alcance de las atribuciones federales y provinciales. La Provincia considera que es un buen momento para repensar un marco regulatorio que contemple un mayor protagonismo a los estados provinciales en la gestión, administración y explotación de sus recursos naturales.

“Es interesante ver que las posiciones de los políticos no necesariamente están basadas en argumentos sólidos desde el punto de vista jurídico o de cómo operar las represas en beneficio del conjunto de la sociedad y de los neuquinos. En general, las declaraciones que hemos escuchado apuestan a la provincialización apelando al localismo sin explicitar los beneficios que se pueden alcanzar y eventualmente los costos”, señaló a +e Daniel Redondo, consultor y ex secretario de Planeamiento Energético Estratégico la Nación.

Redondo subrayó que las represas son de propiedad de la Nación porque fueron construidas por Hidronor con fondos federales aportados por todas las provincias.

Puso en relieve que la reforma constitucional de 1994 introdujo modificaciones en el Artículo 124 con un reconocimiento expreso del dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales situados en sus territorios. “No obstante, la Ley 24.065 en su artículo 5 establece que la energía de las caídas de agua y de otras fuentes hidráulicas, comprendidos los mares y los lagos, constituye una cosa jurídicamente considerada como distinta del agua y de las tierras que integran dichas fuentes, lo que contribuye a la discusión sobre quien debe tomar las decisiones al vencimiento de las concesiones”, señaló el consultor.

“Si Neuquén quisiera tomar la propiedad la represa, debería pagar el valor remanente, y estar dispuesto a invertir para reemplazar las máquinas que ya tienen 40 años. Pero la realidad es que son propiedad de la Nación Argentina. ¿Por qué las otras 23 provincias deberían ceder graciosamente esa plata a Neuquén, cuál es la razón para que aprueben una ley cediendo la propiedad?”, agregó.

Jorge Lapeña, presidente del IAE general Mosconi, coincidió con ese punto de vista. “No hay ninguna discusión. El recurso es de las provincias, pero acá no estamos hablando del recurso agua sino de la central hidroeléctrica construida para el aprovechamiento de ese recurso. Se confunde, el agua no está en discusión, es de las provincias y por eso reciben regalías”.

Para Lapeña, el camino a seguir es sencillo: “se tiene que resolver como está previsto en los contratos: cuando venza la concesión debe ser revertida a quien la otorgó, qué es el dueño de la central, el Estado Nacional. Seguirá pagando regalías por el uso del agua y las provincias deberán renovar las concesiones de uso de agua. Me parece que es de una solución conceptual fácil pero creo que se está enmarañando quizá a propósito, se confunde el uso del agua, potestad provincial, no la titularidad de haber construido la central”.

“Ya tenemos las fechas encima, soy partidario que se prorrogue esto por un año, como también está previsto en los contratos, para que se encuentre una solución adecuada y se aclaren las dudas. Podría sacarse del contexto de la campaña electoral, discutir desde la ignorancia no tiene sentido”, propuso el presidente del IAE General Mosconi.

“Si fuera neuquino, buscaría aumentar la participación de Neuquén en la renta. Algunos creen que la manera es teniendo una empresa propia, otra manera es negociar que el precio de la energía eléctrica no sea tan bajo como es ahora, o que en lugar del 12% se aumente el porcentaje de regalías como se ha hecho con el petróleo”, agregó Redondo.

El consultor hizo énfasis en el análisis de los beneficios tanto para Nación como para las provincias involucradas. “El beneficio más importante para la Nación es disponer de una fuente energética de buena capacidad, renovable por su bajo impacto ambiental y con un costo inferior a la generación termoeléctrica que constituye la mayor parte del parque que alimenta al sistema interconectado nacional. El beneficio para las provincias, en particular para Neuquén, es además una participación en la renta que generan las represas ubicadas en su territorio”, añadió.

PROYECTO

Los senadores del Frente de Todos de Neuquén, Río Negro y Chubut presentaron un proyecto de ley en el Congreso que busca que la continuidad de las concesiones quede en manos de la estatal Enarsa, en sociedad con las provincias.

“En el proyecto de ley no queda claro el papel de las provincias en la toma de decisiones y en la renta generada. Solo se habla de acuerdos entre Enarsa y las provincias cuyos términos serán discutidos entre las partes, en su momento”, consideró Daniel Redondo.

La opinión del titular del IAE General Mosconi, Jorge Lapeña, fue más tajante: “Me parece un proyecto inviable toda vez que Enarsa no ha demostrado en sus 17 años de vida la capacidad de poder administrar este tipo de obras. Hay que pensar en alguna solución distinta. Estas obras eran administradas por el constructor Hidronor, que lo hizo de forma muy eficiente y eficaz. La solución de Enarsa no es una solución inteligente ni conveniente”.

INVERSIONES

Las represas tienen una vida útil de 80 a 100 años. Las represas del Comahue ya tienen unos 40 años de operación, por lo cual necesitan inversiones para actualizar los elementos electromecánicos.

PROPUESTA DE LOS EX HIDRONOR

Un grupo de ex Hidronor propone que el Estado Nacional cree una sociedad anónima que maneje las concesiones, y que admita como socias a las provincias que aporten capital.

APROVECHAR EL RIEGO

Lapeña consideró que “las provincias tendrían que preocuparse por hacer una utilización inteligente de los embalses. Esto permitiría, si se hiciera un buen proyecto, regar un millón de hectáreas”.

NACIÓN NO AVANZA

Nación creó el “Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados” para analizar el vencimiento de los contratos pero no dio participación a las provincias.