Compre Neuquino

Cómo funcionará el nuevo Compre Neuquino

La nueva Ley de Compre Neuquino obliga a operadoras y grandes empresas de servicios a implementar programas de desarrollos de proveedores. Las compañías piden aclarar algunos puntos clave en la reglamentación.

La nueva Ley de Compre Neuquino aprobada días atrás por la Legislatura busca generar una mayor apertura de las operadoras y grandes compañías de servicios especiales en un tema sensible como son las contrataciones de proveedores locales.

Los cambios más relevantes sobre el régimen que da prioridad a las pymes locales son la obligación de desarrollar programas de proveedores y el acceso a la información de todos los procesos de licitaciones que realicen las grandes jugadoras de Vaca Muerta.

La cadena de valor de la industria hidrocarburífera neuquina está conformada por unas 15 operadoras, 30 compañías grandes de servicios especiales, ingeniería, equipos de torre y obras (que dominan las actividades de perforación, producción y completación de pozos), y unas 1200 empresas que pueden ser consideradas neuquinas para la nueva ley, distribuidas en los sectores de ingeniería y construcciones, operación y mantenimiento, logística y transporte, servicios de soporte a la industria y servicios ambientales.

El universo de empresas que participan del negocio petrolero es más amplio: al año, las operadoras y grandes empresas de servicios que operan en Neuquén contratan a unas 2500 firmas.

Del régimen anterior, hay sólo 110 compañías certificadas neuquinas. La idea del gobierno provincial es que ahora gran parte de las 1200 pymes que cumplen con algunos de los requisitos logren calificar como “Proveedor Neuquino Certificado”, a través de una fórmula polinómica que pondera cinco variables: régimen de empresa (que paguen Ingresos Brutos en Neuquén), participación social, domicilio de las sedes, contratación de empleo local, y bases y oficinas ubicadas en la provincia.

Se establecen dos rangos de valores alcanzados por los proveedores pretendientes de la certificación. El rango A incluye a aquellos que cumplen con más del 80% de las variables ponderadas; mientras que el rango B incluye quienes alcanzan un mínimo del 65% para demostrar el agregado de valor de sus operaciones en la provincia.

De esa forma, un proveedor certificado de categoría A tendrá como beneficio la posibilidad de igualar la oferta de una empresa que no sea neuquina si presenta una diferencia de precios de hasta el 9% (el ajuste denominado first refusal); mientras que para las de rango B el margen se reduce al 6%.

Los sujetos obligados a cumplir con la Ley del Compre Neuquino son las petroleras concesionarias y las grandes empresas de servicios, que deben adjudicar a las firmas locales el equivalente al 60% del monto total de sus contrataciones en todos los rubros.

“Siempre que se ha modificado la ley, se ha tratado de ir acomodándola a la realidad del sector. En esta oportunidad, lo que se plantea como eje principal de la mejora son los programas de desarrollo de proveedores que se incluyen como obligatorios para las empresas obligadas”, indicó a +e el ministro de Producción e Industria, Facundo López Raggi.

Ese es uno de los principales puntos polémicos según los intereses de las grandes compañías. El presidente de la Cámara de Empresas de Operaciones de Servicios Petroleros Especiales (CEOPE), Tomás Hess, indicó que “en términos generales, el objetivo de una ley que favorezca el desarrollo de proveedores locales en la cadena de valor de nuestra actividad lo suscribimos, pero existen varios artículos que nos preocupan porque si quedan como están, pueden frenar las inversiones, porque tienen excesos regulatorios y sancionatorios”.

“Las 30 empresas que conforman la cámara desarrollan tareas que son de una complejidad y sofisticación importante que continuamente requieren inversión en innovación tecnológica, y reúne la mayor representación de trabajadores de la industria del petróleo y gas nivel nacional. Son las que realmente están en el campo. Considerando el escenario internacional actual, es clave el incentivo a las inversiones directas que estas empresas están dispuestas a efectuar para lograr un incremento en la producción”, agregó Hess.

El presidente de la CEOPE señaló a +e que las empresas están abiertas a mantener “un diálogo constructivo” con el Ejecutivo, que ahora tiene 60 días para trabajar en la reglamentación del Compre Neuquino.

“Es preferible hablar estos temas antes, que cuando ya esté la reglamentación, para llegar a una implementación armoniosa”, dijo Hess.

Entre los principales cuestionamientos a la ley, la CEOPE plantea que la exigencia de un plan de desarrollo de proveedores no debería ser obligatoria y que no resulten onerosos para las compañías. Además, la cámara advierte que se debería buscar la forma de asegurar la fidelización y compromiso del proveedor que se va a ver beneficiado con la empresa contratista que invierte en su fortalecimiento.

“Queremos que todas las empresas obligadas tengan programas de desarrollo de proveedores, y si no tienen capacidad de hacerlo, que nos lo planteen y lo podemos trabajar desde el Centro Pyme”, dijo López Raggi.

“La verdad es que es muy pobre lo que hacen las empresas operadoras respecto de los proveedores. Hacemos capacitaciones con varias empresas que sirven un montón, pero más nos serviría que estén comprometidas en tener programas de desarrollo de proveedores porque no está bueno que una ley esté planteando algo que en vistas de la licencia social es clave. Debería ser por convicción”, indicó el funcionario provincial.

Para López Raggi, el argumento de los costos de ese tipo de programas no le parece válido “sobre todo para las empresas internacionales que uno sabe que en otros países los tienen y son espectaculares”.

“Las empresas operadoras y de servicios especializados son resistentes a cualquier tipo de información que tengan que brindar y más si lo que pretendemos es controlar un poco, ellas nos han llevado a esto”, indicó el ministro de Producción en Industria en relación la creación de la Plataforma de Cadena de Valor Neuquina que plantea la ley para monitorear su cumplimiento.

Para Hess, en la reglamentación se debe asegurar que “la información que se solicita a las empresas no viole los contratos entre privados, porque hay información que puede ser confidencial”.

La CEOPE también cuestiona el Artículo 11 de la ley, que excluye de la certificación como proveedores neuquinos a las compañías controladas por grupos nacionales o extranjeros. “Eso indiscutiblemente va a afectar a muchas empresas de servicios de nuestra cámara que son inversores importantes. Muchas de nuestras empresas cumplen tanto el rol de sujetos que son tomadores de bienes y servicios como también de proveedores, por eso pedimos que por lo menos que no sea taxativo”, comentó Hess.

“Otra sugerencia es que en la adjudicación de contratos, más allá del tema precios, las empresas certificadas deben tener la capacidad técnica, económica y financiera por la sofisticación de los servicios y porque la vara es muy alta en lo ambiental y en la seguridad de las operaciones. Y que se establezca que los plazos de contratación se cumplan estrictamente. Son factores que tienen que estar muy bien contemplados en la reglamentación, y que deben asegurar la competitividad que es clave para la eficiencia”, agregó el titular de la cámara.

También consideró que es necesaria una gradualidad en la exigencia de que el 60% de loas contrataciones sean a empresas locales, que acompañe la evolución en el tiempo de los programas de desarrollos de proveedores.

“No queremos matar a las empresas por que no lleguen al 60%, hay un montón de argumentos por los cuales no llegan, inclusive porque no hay suficientes empresas neuquinas certificadas, que es un argumento válido. La idea es sobre todo que haya una evolución positiva”, coincidió López Raggi.

En términos generales los cuestionamientos a la redacción del nuevo Compre Neuquino son compartidas por la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) que además puso foco en el incentivo fiscal y financiero para ayudar al desarrollo y crecimiento de las pymes, que premien a las operadoras que tengan impacto efectivo que pueda ser medido y comprobado.

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