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Biocombustibles: la pelea por un nuevo corte en el mercado

Unas 50 plantas de estos combustibles, que son parte del componente de las naftas, reclaman llegar a un corte del 15% por ley. Pero por la presión en los surtidores, el Gobierno redujo de 10% y 5% el biodiesel.

Apenas dos meses de vigencia le quedan a la Ley 26.093 de Biocombustibles y los productores reclaman una nueva norma para ampliar el porcentaje de corte con los combustibles fósiles, mientras que otro sector ya se abroquela en el pedido desanimado de la prórroga para el régimen actual.

Agrupados en diversas entidades empresarias, los representantes de las casi 50 plantas de biodiesel y de bioetanol del país esperaban que se discuta en enero en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que cuenta con media sanción del Senado. Esa iniciativa de la senadora santafesina del Frente de Todos, María de los Ángeles Sacnun, define que se extienda por cuatro años el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustible, que además de la obligación del corte para los combustibles fósiles, otorga beneficios impositivos a la industria. Pero no entró en el temario de las sesiones extraordinarias.

La Liga Bioenergética fue una coalición de provincias productoras de biocombustibles que se formó en 2018 y redactó un proyecto para llevar los cortes del gasoil con biodiesel al 15% y de la nafta al 15% con bioetanol. Con este último, la iniciativa proyecta un aumento progresivo del corte hasta llegar al 27,5% a fines de 2027. Con las elecciones de 2019, en las provincias hubo cambios y hoy la Liga no está operativa pero para la Asociación marcó un precedente y se sentaron las bases de lo que debe tener un nuevo proyecto de ley.

Con la ley vigente, se fija hoy el corte del gasoil y las naftas con biodiesel y bioetanol con 10% y 12%, respectivamente, que fue retocado en enero luego de que se dispongan aumentos en el precio de los combustibles verdes en un 60%. En efecto, el Gobierno nacional redujo el porcentaje del corte de mezcla obligatoria para controlar la presión sobre los surtidores y sus efectos en la inflación: con el gasoil, lo bajó de un 10% a un 5% en enero, que pasará a un 6,7 en febrero, a un 8,4% marzo y volverá a un 10% en abril.

Con el inicio del mes de marzo, el Poder Ejecutivo pierde la facultad que tiene de definir los temas que solamente puede tratar el Congreso, ya que con el inicio de las sesiones ordinarias toma la plenitud de sus facultades y las comisiones de labor parlamentaria pueden elegir todas las semanas que va a tratar en el recinto.

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De esta manera, queda abierta la posibilidad, nuevamente, de sacar del letargo a los biocombustibles que aguardan ansiosos una mayor certidumbre, a pocos días del vencimiento de la normativa que en un comienzo los supo poner en la escena de un segmento celosamente manejado por las productoras de hidrocarburos.

Según fuentes del sector, el Gobierno nacional no llegó a unificar los criterios de las distintas áreas que de algún modo se vinculan con la industria y tienen distintas visiones. Una es la del Ministerio de Desarrollo Productivo, que es la más cercana a los segmentos petroleros, otra es la visión de la cartera de Agricultura, y otra es la de la Secretaría de Energía bajo la órbita de Economía.

En rigor, se baraja la idea de que el recientemente designado por el Gobierno nacional como director de Biocombustibles, Diego Roger, que maneja un área que en Energía depende de la dirección de Refinación y Comercialización y que está bajo la órbita de la Subsecretaría de Hidrocarburos a cargo de Maggie Videla Oporto, podría armar un proyecto en conjunto con el equipo de Agricultura, pero por el momento no hubo ningún avance concreto.

Si no se llega a tiempo, Alberto Fernández puede emitir un Decreto de Necesidad y Urgencia y extender la norma por el plazo que desee, pero después esa decisión debe ser aprobada por la Comisión Bicameral. Otra opción que tiene el Presidente, en este caso, es la de emitir un decreto común, según lo establece el artículo 1 de la Ley 26.093, que podría correr el vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2024, porque toma los quince años de vigencia desde diciembre de 2009. En este caso, sería casi lo mismo que aprobar la iniciativa con media sanción del Senado.

No obstante, una parte de los productores de los combustibles verdes no querían la extensión de la ley de promoción por los próximos tres años, sino que preferían que se active en el corto plazo el tratamiento de una nueva ley. Argumentaban que es poco tiempo si se busca cierta estabilidad para nuevas proyecciones de negocios y, por otra parte, es demasiado para esperar a discutir una nueva normativa.

“Lo que no se dijo allí es que en el Ejecutivo siempre tuvo la posibilidad de establecer una prórroga más corta y para que ello ocurra, o bien lo hace por ley, o bien por un DNU”, señala a +e el director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, Claudio Molina. “En primer lugar, no van a haber nuevas inversiones si no hay un horizonte largo de al menos 15 años. Además, desde que se sancionó la ley actual tuvimos avances científicos y tecnológicos que merecen una revisión y hay otras cuestiones que hay que regular mejor por los problemas que generan los errores u omisiones de la autoridad de aplicación”, agrega.

En ese sentido, el directivo indica que entre todas las propuestas legislativas alternativas que podrían ser tratadas, desde la Asociación se considera que la mejor es la presentada por un grupo de diputados nacionales que tiene al legislador cordobés Carlos Gutiérrez como primer firmante. “El texto de ese proyecto, que fue presentado el 19 de noviembre, responde al trabajo desarrollado por la Liga Bioenergética, y aborda de manera integral toda la problemática de una agenda de los biocombustibles, entre ellos, se promueve el otorgamiento de una serie de incentivos que permitirán intensificar su uso de manera sustentable”, puntualiza Molina.

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