El gasoducto tendrá aproximadamente 480 kilómetros de longitud y 36 pulgadas de diámetro, con una capacidad de transporte de 27.000.000 de metros cúbicos diarios (m³/d) de gas natural. El trazado parte desde el Predio Cabecera Tratayén, en Neuquén, y llega hasta la Estación Compresora San Antonio Oeste.
Para garantizar el caudal comprometido, el proyecto contempla la instalación de una planta compresora de 60.000 HP y la repotenciación de la planta compresora ya existente en San Antonio Oeste. Ambas instalaciones quedan radicadas en territorio rionegrino.
El objetivo central es evacuar la producción incremental de la cuenca neuquina —proveniente de los recursos no convencionales de Vaca Muerta— hacia las terminales licuefactoras del Golfo San Matías, para su conversión en GNL con destino a los mercados internacionales.
Los números
La inversión total comprometida asciende a US$1.300 millones, superando el monto mínimo exigido por la normativa para el subsector de Transporte y Almacenamiento dentro del sector Petróleo y Gas.
El cronograma de desembolsos contempla: US$454 millones en activos computables durante el primer año desde la notificación de la resolución. Y US$501 millones durante el segundo año.
Ambos montos superan el 40% del monto mínimo de inversión exigido por los artículos 172 y 173 de la Ley 27.742. La fecha límite para completar el monto mínimo total en activos computables es el 31 de mayo de 2027.
GNL Gasoducto generico
El proyecto marca un hito en la estrategia de internacionalización del gas argentino.
En cuanto al financiamiento, SMP SA declaró que la inversión resulta a su exclusiva cuenta y riesgo, y que el proyecto no prevé utilizar los incentivos de libre disponibilidad de divisas previstos en el artículo 198 de la Ley 27.742.
Cronograma de obra y operación
El inicio de la construcción está previsto para el 30 de junio de 2026 —prácticamente en simultáneo con la publicación de la resolución—, mientras que el comienzo de la operación de las instalaciones se estima para el 1° de mayo de 2028.
La fecha oficial de adhesión al RIGI, con adquisición de derechos, quedó fijada al 1° de junio de 2026, día en que SMP SA completó la totalidad de la documentación requerida por el régimen.
El plan de inversión aprobado incluye compromisos concretos en materia de desarrollo local: SMP SA se obliga a contratar proveedores locales para la provisión de bienes y obras en un porcentaje mínimo del 20% del monto total de inversión, tanto en la etapa de construcción como en la de operación.
En materia de resolución de controversias, la empresa optó por el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con exclusión de las Reglas de Procedimiento Abreviado. La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) validó esta propuesta, concluyendo que se ajusta a los términos del artículo 221 de la Ley 27.742.
El proyecto también obtuvo el visto bueno del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que concluyó que el impacto de la demanda de divisas informada por el VPU no afecta la sostenibilidad del sector externo ni las reservas internacionales, y que el proyecto no compromete negativamente los objetivos de desarrollo económico y estabilidad financiera del país.
La fiscalización y control del cumplimiento del proyecto queda a cargo de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, conforme al artículo 219 de la Ley 27.742. La resolución lleva la firma del ministro Luis Andrés Caputo.
