Tarifas

El Gobierno consensuó la segmentación de tarifas de luz

Tras los chispazos internos, buscan encauzar la segmentación, pero hay que sortear impedimentos legales.

La cuestión de las tarifas energéticas nunca fue un tema sectorial, sino que es un tema político. Los desentendidos que hubo puertas adentro del Ministerio de Economía entre el titular del área y uno de sus funcionarios, que tuvieron réplicas en todo el gabinete nacional, dejaron claras muestras de eso.

En el camino, las dos posturas que se debaten internamente en el Gobierno nacional -entre atenerse a lo dispuesto en la ley de Presupuesto y no estirar más las cuentas fiscales con incrementos de tarifas al ritmo de la inflación o evitar golpear directamente los bolsillos de los usuarios con las elecciones legislativas encima- parecen haber encontrado un punto común en la discusión por la segmentación de las tarifas.

En rigor, con la segmentación se pretende identificar a los sectores de la población que podrían pagar una tarifa plena a fin de apuntar a una focalización de los subsidios. Esta idea se viene planteando desde que la Secretaría de Energía, a cargo de Darío Martínez, pasó a la órbita de Martín Guzmán.

El propio ministro lo justificó recientemente al participar junto al presidente Alberto Fernández en una reunión del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre. Dijo que el sistema de subsidios energéticos “es pro-rico”. “En un país con 57% de pobreza infantil, estamos gastando en subsidiar el consumo de luz y de gas en una parte de nuestra población que hoy no es prioritario que reciba esos subsidios”, señaló Guzmán.

Lo que complejiza la aplicación de una segmentación de tarifas en función de la capacidad de pago de los usuarios es que va en contra de la ley la vigente. Una es la Ley 24.076, que contiene el marco regulatorio del gas natural, y la otra es la Ley 24.065, donde se define el régimen de la energía eléctrica. Con esas normas, quedó dispuesto que cada usuario de energía debe pagar en su factura el costo de lo que consume.

En el medio del debate y en línea con la apuesta oficialista por la segmentación, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, presentaron un proyecto de ley para reducir la tarifa de gas a tres millones de personas.

La iniciativa -de ser aprobada en el Congreso- implicará una disminución del 30% y 50% sobre las facturas de gas de usuarios residenciales, según su situación de mayor o menor vulnerabilidad. Esta dispuesta para usuarios de las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta y más de 50 municipios de la provincia de Buenos Aires que se sumarán al beneficio que ya tiene la región patagónica.

“Si se quiere discutir la focalización por ingresos, hay que cambiar la ley”, advierte a +e Alejandro Einstoss, economista del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, y agrega: “El Gobierno cuenta hoy con la tarifa social, que es una herramienta que, si bien puede ser perfectible, es la que está disponible, es decir que no requiere cambiar ninguna ley. Aquel que no puede pagar debe ser ayudado por el Estado a través de una tarifa social”.

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Con la identificación de los sectores que podrían pagar una tarifa plena, se pretende focalizar los subsidios. En tanto, proponen profundizar la tarifa social que es una herramienta que está disponible.

La tarifa social identifica a quienes no pueden pagar por lo que consumen de gas o de electricidad a través de las bases de la ANSES, que incluye por ejemplo a los planes sociales, a los jubilados de la mínima, a los seguros de desempleo o a los trabajadores de casa de familia, entre otros beneficiarios. Se trata de descuentos en el valor de la energía que se consume y tienen carácter federal.

Para Einstoss, no hay tiempo para discutir una segmentación. “Esa es una discusión inconducente. Lo que hoy marca la emergencia es la necesidad de profundizar la tarifa social, es decir ampliar la base y mejorar los descuentos, para llevar un alivio rápido habría que profundizar la herramienta que está disponible”, explica. “Hay mecanismos para mejorarla. Pero en la urgencia, con el 42% de la población bajo la línea de la pobreza -que en los centros urbanos es más del 50%-, la respuesta es la tarifa social”, señala.

En los hechos, tras la rencilla entre Guzmán y su subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, quedó la confirmación de un aumento del 9% en promedio para las tarifas de electricidad de las empresas Edenor y Edesur, que tienen la concesión en el Área Metropolitana de Buenos Aires, a través de dos resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Y la duda sobre si habrá algún otro nuevo aumento de las tarifas eléctricas para 2020.

Para las tarifas de gas natural, todavía no se dispuso ningún aumento, aunque también se habla de un porcentaje que rondaría lo mismo que las de luz. Lo cierto es que en esos casos se trata de una recomposición de transporte y distribución de energía que no tienen impacto en la cuenta de subsidios. Se mejoran, en rigor, los ingresos a las empresas que tienen sus tarifas congeladas hace 24 meses y necesitan al menos una actualización (de un atraso de un 100% se les otorga una recomposición del 20% aproximadamente).

Si no hay más que esos aumentos tarifarios durante este año, tal como impone la agenda electoral, quedarán desdibujadas las premisas que habían quedado plasmadas en el Presupuesto 2021 -que decían que las tarifas se debían incrementar al menos al ritmo de la inflación-.

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