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Renovables: el plan de viviendas etiquetadas de Río Negro

Se busca eficiencia energética de inmuebles existentes o en proyecto de construcción, sean públicos o privados.

La provincia de Río Negro ajusta detalles para la regulación de la ley de Etiquetado de Viviendas, una norma que pretende alcanzar mayor eficiencia energética en el desarrollo inmobiliario. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno provincial pero que tiene origen en estamentos nacionales, avanza en una clasificación de consumo global de energía. Desde el área patagónica, se traccionó para que se legisle y así la provincia obtenga un marco legal al respecto.

En líneas generales, la normativa pretende una reducción de los costos de operación y mantenimiento, además de brindar herramientas para que los usuarios logren información sobre las prestaciones del servicio energético en sus hogares, para que se pueda incorporar conceptos fundamentales como el ahorro y la sustentabilidad.

Convocando a municipios, formando gestores a la altura de esta legislación, se cumplieron diversas etapas. La primera fue generar las y los etiquetadores de viviendas a través de cursos que la misma cartera energética rionegrina brindó; en total, ya son 140 los profesionales capacitados para realizar las tareas necesarias.

En rasgos generales, la etiqueta calcula el índice de prestaciones energéticas (IPE), que mide cuanta energía utiliza por metro cuadrado cada hogar, comercio o industria. Con esa pauta, se origina una tabla y un formulismo que va de la letra E a la A. Esta regulación es muy similar al de los electrodomésticos.

Con este antecedente, se delinea el decreto reglamentario. La idea es que aquellos usuarios que inviertan en un buen IFE obtengan bonificaciones, descuentos de impuestos provinciales para fomentar la sustentabilidad.

Según explicó a +e María Rubio, directora de evaluación de proyectos de la Secretaría de Energía Eléctrica rionegrina, la regulación permitirá cuantificar las prestaciones de los inmuebles para construir una referencia a la hora de la elaboración de políticas públicas y el direccionamiento de mecanismos de incentivos diversos orientados al ahorro, uso racional y eficiente de los recursos energéticos provinciales.

Uno de los motivos de la legislación aprobada en octubre es intervenir en los ámbitos inmobiliarios. “Contando con esta herramienta, se podrá brindar información a los usuarios acerca de las prestaciones energéticas de un inmueble, utilizándolo como instrumento complementario en definiciones de operaciones inmobiliarias ante la presencia de nuevos proyectos edilicios o intervenciones en inmuebles existentes”, ratificó la funcionaria.

Para ese objetivo, se impulsa la aplicación, de forma gradual y progresiva, de estándares mínimos de eficiencia energética en obras públicas y en planes de vivienda que se ejecuten con presupuesto propio. En esta clase de acciones, el Estado se convierte en un canal de difusión y educación de las prácticas sociales y ambientales sustentables.

La autoridad de aplicación de esta ley, que está bajo la órbita de la Secretaría de Energía, posee un doble rol porque –detalla Rubio– es un gran consumidor pero “también interviene en los procesos productivos que los generan” con lo cual implica una “oportunidad para implementar el desarrollo de un mercado de bienes y servicios sustentables, demostrando así el grado de importancia de las acciones estatales y la capacidad de poder proyectar y proporcionar mecanismos para satisfacer las exigencias de los roles que desempeña”.

Este marco contribuye y engloba principios que dan cuenta del compromiso del gobierno provincial con las medidas y conclusiones de la Cumbre de París respecto al cambio climático, siendo una acción concreta respecto a la adopción de medidas que permiten enfrentarlo.

Regulación

Como lo expresa artículo 12 de la ley, el Registro de Certificadores de Eficiencia Energética de Inmuebles (ReCEEI) será el espacio en el que los profesionales deberán inscribirse como matriculados para realizar dicha certificación.

En definitiva, la acción consistirá en la determinación del índice de prestaciones energéticas (IPE). Así, el Certificado de Eficiencia Energética será elaborado por un Certificador de Eficiencia Energética de Inmuebles utilizando los procedimientos de cálculos y/o aplicativos informáticos suministrados por la Autoridad de Aplicación, y visado por el Colegio Profesional respectivo.

“Las viviendas tendrán la letra G, que será la última, sólo habrá beneficios o cambios para aquellos usuarios que hagan la etiqueta y así lograr una letra inferior”, remarcó Rubio.

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