Martínez dice que las petroleras no cumplen con el acuerdo salarial

No contemplarían a las pymes, que tienen a su cargo a unos 10.000 trabajadores en la Cuenca Neuquina.

El diputado nacional Darío Martínez (Frente de Todos) denunció que las pymes quedarían afuera del acuerdo salarial, por lo que las operadoras sólo afrontarían los sueldos de personal directo y de las contratistas de operaciones especiales. Apuntó contra las cámaras petroleras y pidió medidas para acelerar una solución para las empresas regionales y sus 10.000 operarios directos.

"Aunque acordaron suspensión del 80% de los trabajadores y la reducción salarial con el gremio, las grandes petroleras, incluida YPF, avisaron que sólo se harán cargo de sus planteles directos y el de las multinacionales de servicios especiales. Así, dejan libradas a su suerte a las empresas regionales que hoy emplean unos 10.000 trabajadores en la región y otro tanto en el resto del país", indicó

"Esto es inaceptable, porque nuestras empresas, el último eslabón empresarial, vienen desfinanciadas por las suspensiones de contratos y las dilaciones en los pagos de las mismas grandes petroleras”, añadió el legislador neuquino.

"Estamos haciendo gestiones ante el gobierno nacional para que las empresas de servicios petroleros puedan acceder a la Asignación Especial para Salarios y prórrogas impositivas", indicó el legislador por Neuquén. El Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa había enviado una notificación a las cámaras para recordar que los sueldos no pueden ser inferiores al 60% de lo percibido en febrero.

Martínez hizo este señalamiento a todas las operadoras petroleras. "El gobierno provincial debe ponerse muy firme ante las grandes petroleras, en defensa de las empresas neuquinas y de los trabajadores y trabajadoras", opinó.

Además, consideró que “el gobierno provincial debe intimar a las concesionarias para que durante la emergencia se hagan cargo de los salarios de los trabajadores y de los contratos con las empresas locales".

"Un comportamiento como el que se está anunciando debe ser considerado como falta de cumplimiento de los compromisos de inversión, por lo que debería activarse el proceso de reversión de las concesiones de quienes incumplan", remarcó Martínez.