El Gobierno lanza su propio proyecto de biocombustibles y ralentiza la suba de cortes

La diputada rionegrina Lorena Villaverde presentó un proyecto de biocombustibles diferente al de la Liga Bioenergética que tiene el aval del Poder Ejecutivo y pretende zanjar la discusión que lleva varios años de disputas dentro del sector.

La cuestión no sólo tuvo varias modificaciones en la administración de Alberto Fernández, sino que también representó un dolor de cabeza para Milei al comienzo de su mandato cuando tuvo que quitar los artículos referidos a esta industria para poder lograr la aprobación de la Ley Bases.

Ahora, luego de varios meses de análisis y charlas intra sectoriales, el Ejecutivo presenta una normativa distinta que respeta su idiosincracia desreguladora, pero con un sendero gradual que da mayor tiempo a la adaptación por parte de todos los actores.

Lo más importante es la postergación del aumento de cortes en la mezcla con naftas y gasoil. Mientras que las provincias productoras querían elevar inmediatamente el porcentaje mínimo del 12% al 15% en el bioetanol y del 7,5% al 10% en el biodiesel, el proyecto oficial patea ese incremento para el 2027.

Los tiempos de los cortes

“Es un plazo razonable para que puedan adaptarse las automotrices. Nos pedían cuatro años y les damos dos”, indicaron fuentes del Ejecutivo que pretenden que la alternativa logre consensuar los diferentes intereses que existen entre los jugadores involucrados.

Para eso, otro de los capítulos estratégicos es el que fija un porcentaje a comercializar libremente para que puedan ingresar nuevos actores como petroleras, las grandes aceiteras o incluso la importación.

En bioetanol, ese porcentaje inicia en el 3% en 2027 y va subiendo progresivamente hasta alcanzar la totalidad del corte. En tanto, en biodiesel larga de un 2,5% de manera inmediata, pasa al 5% en 2027 y de ahí va subiendo en un 1,25% cada año.

En el Gobierno también dicen que la ley está pensada para cuidar los precios que se trasladan al surtidor a través de acuerdos libres o licitaciones y reserva la posibilidad de aplicar sanciones en casos de abuso de posición dominante.

“Es una ley más moderna que habla de biocombustibles nuevos como el SAF, que está centrada en el consumidor y que arregla el gasto fiscal que llegó a ser de 7.700 millones de dólares con la ley anterior”, agregaron desde el oficialismo.