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Crece la tensión en la disputa por la ley de biocombustibles

Los cambios introducidos en la Ley Ómnibus desataron un fuerte conflicto entre Gobierno, petroleras, las provincias y los productores.

Una de las mayores polémicas de la Ley Ómnibus en materia energética es la modificación del sector de biocombustibles, lo que desató un duro enfrentamiento entre petroleras, productores, aceiteras y los gobernadores.

El proyecto original presentado a fines de diciembre liberalizaba por completo esta actividad y permitía el ingreso de grandes jugadores que hasta el momento tenían prohibida su participación como aceiteras y petroleras.

Eso generó el rechazo de los “productores pyme” que cuentan con el respaldo de los gobernadores de las provincias con mayor participación en el negocio de biodiesel y bioetanol como Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Jujuy.

A su vez, la queja de estas empresas que gozaban de la exclusividad de este mercado apuntaba a la posibilidad que brindaba la ley de reducir el corte en la mezcla de combustibles, la autorización al ingreso de producto importado y la derogación del artículo que los eximía del pago del Impuesto a los Combustibles Líquidos por menor huella de carbono.

La debilidad legislativa del Gobierno hizo que el reclamo de los gobernadores surta efecto y se acepten numerosos cambios en la propuesta. Entre ellos, se suspende el nuevo gravamen impositivo, y se aumenta el corte obligatorio. El bioetanol llegaría al 18% dentro de tres años y luego al 27% en un plazo indeterminado, mientras que el biodiesel sube inmediatamente al 10% para luego llegar a un 15% en 2026.

El precio sigue liberado a partir de un sistema de licitaciones donde ninguna empresa podrá tener una participación mayor al 14% de la demanda interna y la participación de las petroleras queda bloqueada hasta que no se supere el 18% del corte.

Lógicamente, como grandes perdedoras de esta marcha atrás, las petroleras salieron a cuestionar los privilegios de los supuestos productores pyme que, muchas veces, son grandes empresas que se dividen en diversas Sociedades Anónimas para quedar dentro del cupo máximo que exigía la ley anterior que curiosamente coincide con el 14% de la modificación actual.

Por ejemplo, la Cámara Argentina de la Energía (CADE) envió una carta al secretario Rodríguez Chirillo donde cuestiona que el texto “incide de manera negativa en el abastecimiento de combustibles líquidos ante la incierta disponibilidad del bioetanol y biodiesel ofrecidos”.

“El precio al consumidor termina siendo mayor, ya que el costo de los biocombustibles es considerablemente mayor al del combustible fósil a pesar de no estar gravados con el impuesto a los combustibles”, agregan y finalizan su crítica con un recuento de los aumentos de los últimos cuatro años que muestra un alza del precio del biodiesel del 1803%, un 1315% del bioetanol y sólo un 741% del litro de nafta.

Un dardo adicional apunta al secretario de Agricultura, Germán Di Bella. Como propietario de Bioetanol Río Cuarto, hasta ahora la tercera empresa con más participación del sector con un 10,5% del market share, emerge un claro conflicto de intereses dado que la normativa oficial termina beneficiando a su compañía.

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