Caso YPF: fijan una nueva audiencia con la jueza Preska
El objetivo es destrabar cuestiones pendientes sobre el proceso de discovery, con el que se busca identificar activos estatales que podrían ser embargados.
Esta semana, el juicio a YPF suma un nuevo capítulo. La jueza Loretta Preska convocó a una audiencia clave para este martes 29 de julio, con el objetivo de resolver temas pendientes relacionados con el proceso de discovery, mediante el cual se busca identificar activos del Estado argentino que podrían ser embargados.
En ese contexto, y en medio de sospechas por posibles filtraciones desde la Procuración del Tesoro Nacional, el país se comprometió a entregar a los beneficiarios del fallo información sobre toda privatización de empresas estatales, como parte de los acuerdos alcanzados entre las partes, según explicó el analista Sebastián Maril, experto en el caso y CEO de Latam Advisors.
Esta etapa del litigio, supervisada por la magistrada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se busca avanzar con pedidos de información sobre varias entidades, como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central. "El 29 de Julio habrá una reunión con la Juez Preska para destrabar ciertos temas pendientes sobre este discovery", señaló el especialista.
El proceso de discovery es un instrumento del derecho estadounidense que permite a las partes intercambiar información para avanzar en un hecho judicial. En este caso, está enfocado en localizar bienes estatales argentinos en el extranjero, en el marco del fallo que condenó al país a pagar más de 16 mil millones de dólares a los fondos Petersen y Eton Park.
Fijan audiencia para tratar las apelaciones contra el fallo de la jueza Preska
Por otra parte, este lunes, se conoció que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York fijó para la semana del 27 de octubre la audiencia para tratar las apelaciones cruzadas presentadas por ambas partes. Así lo informó el abogado especialista en derecho internacional Sebastián Soler, quien precisó que la fecha exacta se definirá en consenso entre los jueces y los representantes legales de Argentina y de Burford Capital, fondo que financia a los demandantes.
"Recordemos que realizar esa oferta habría implicado que Argentina le pagara a esos otros accionistas un precio por acción mucho más alto que el de mercado y que el que se le pagó a Repsol. Luce razonable, y ciertamente legal bajo el derecho argentino, que el gobierno de entonces no haya realizado semejante oferta (recordemos también que la Ley 26.741, sancionada en 2012 por mayorías abrumadoras de ambas cámaras del Congreso, solo autorizó al Poder Ejecutivo a adquirir el 51%)", sostuvo Soler en sus redes sociales.
Además, agregó: "La Cámara debe resolver apelaciones cruzadas de ambas partes. Primero, la de la Argentina contra la condena y, supletoriamente, el monto de la indemnización, y segundo, la de Burford contra la decisión de Preska de eximir de responsabilidad a YPF".
El juicio a YPF
El 30 de junio, Preska emitió una orden que obliga al Estado argentino a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management, como parte del cumplimiento de una sentencia por 16.100 millones de dólares.
La medida deriva de la expropiación de la petrolera en 2012, cuando el gobierno nacional tomó el control de las acciones que estaban en manos de la española Repsol.
La defensa del Gobierno
A principios de mes, el Gobierno argentino, a través de la Procuración del Tesoro, presentó dos escritos ante la Corte neoyorquina para solicitar la suspensión del fallo de Preska.
En sus presentaciones, la defensa del Estado sostuvo que la medida dispuesta por la magistrada viola la legislación argentina, ya que la cesión de acciones públicas en YPF requiere la aprobación del Congreso. Por ende, cualquier intento de ejecutar el fallo sin esa autorización sería jurídicamente inviable. También se remarcó que la transferencia forzada implicaría una pérdida del control mayoritario del Estado sobre la firma, con consecuencias que podrían afectar gravemente a los accionistas.
La semana pasada, los beneficiarios del fallo notificaron a la Corte que no desean quedarse con las acciones de YPF, aunque exigen que el país deposite una garantía para avanzar con la apelación. Este cambio se produce luego de que el Gobierno de Estados Unidos respaldara la posición nacional con un “amicus curiae”, una presentación legal no vinculante pero influyente.
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