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Licencia social: las enseñanzas que deja el offshore

El Estado y las empresas atravesaron un proceso constructivo que cambió la perspectiva de la sociedad marplatense.

Más allá de las demoras y pérdidas económicas que generó el freno judicial a la actividad exploratoria en la Cuenca Argentina Norte, donde los especialistas más optimistas prevén que se podría hallar un gran yacimiento petrolero -con un volumen productivo similar a lo que aporta hoy Vaca Muerta-, el proceso deja enseñanzas que sería interesante tener en cuenta a futuro.

La prospección sísmica que planea el consorcio entre Equinor, YPF y Shell fue foco de una cruda campaña de desinformación liderada por Greenpeace, respaldada con acciones judiciales del intendente marplatense, Guillermo Montenegro, integrante de Juntos por el Cambio, espacio político que promovió las concesiones offshore durante el anterior periodo de gobierno nacional.

A la administración actual y a la industria petrolera se les escapó la tortuga. Plantearon la primera audiencia pública como el cumplimiento de un mero trámite burocrático. Las audiencias que se realizaron de forma online fueron copadas por ambientalistas que, con planteos de nula rigurosidad científica, planteaban escenarios catastróficos. La impactante campaña de Greenpeace, con representaciones de playas empetroladas, despertó sensibilidad en buena parte de la población.

Tras ese fallido paso inicial, la Nación, el gobierno bonaerense y la industria petrolera se pusieron a trabajar en la construcción de la licencia social. Hubo un minucioso trabajo con todos los actores políticos, económicos y sociales de Mar del Plata.

Se abrió la información sobre el proyecto a sindicatos, políticos, cámaras empresariales, y la percepción sobre la actividad offshore comenzó a cambiar. Las posturas más reaccionarias y menos rigurosas quedaron encapsuladas y prosperaron las genuinas preocupaciones por el cuidado del ambiente.

Así fue que en las audiencias públicas por la realización del pozo Argerich hubo una sólida y amplia participación de todos esos actores, que en su gran mayoría salieron a respaldar el proyecto.

Con ese camino transitado, se llegó a un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que despeja dudas y brinda una mayor tranquilidad, sobre todo para el cuidado del ambiente marino, en particular del Agujero Azul, hábitat de valiosas especies como la ballena franca austral.

Si bien la cautelar demoró algunos meses el proyecto, se ganó en transparencia y se atravesó un proceso constructivo muy alentador.

El Estado nacional y Equinor presentaron mayores detalles de la declaración de impacto ambiental, se mejoraron los planes para mitigar los riesgos y incorporarán nuevos actores para la protección de la fauna marina, como serán los integrantes del proyecto multidisplinario Pampa Azul.

Este proceso demostró que por más buenas intenciones que se tengan, es indispensable trabajar en estrategias de construcción de la licencia social, sobre todo en comunidades que no están familiarizadas en industrias como la petrolera.

Caso contrario, los proyectos sufrirán la suerte de la minería en Chubut, que terminó con la gobernación incendiada tras la ley de zonificación y con una oportunidad perdida para los pobladores de la postergada meseta.

Toda la dirigencia debe tomar nota, sobre todo si se buscan ampliar los horizontes productivos de la Argentina a otras actividades como la producción de hidrógeno, explotación del litio y las diversas ramas actividad minera, que hoy está subexplotada y cuya demanda global crecerá en el tiempo.

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