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Tarifas: los motivos que demoran un nuevo esquema de subsidios

La anunciada focalización de los subsidios energéticos encuentra no sólo escollos prácticos de implementación sino legales y normativos por sobrepasar.

A la par de la discusión tarifaria que entró en camino de definición tras la realización de las audiencias públicas por los servicios de gas y electricidad, el Estado nacional enfrenta la tarea de avanzar hacia un nuevo esquema de subsidios que deje de lado el aporte generalizado del Tesoro a todos los usuarios y pase a focalizar en los que tienen menor capacidad de pago.

La idea de la focalización del subsidio o la segmentación tarifaria viene madurando desde que en la Secretaría de Energía pasó bajo la órbita del Ministerio de Economía, pero también es refrendada por las intervenciones de los entes reguladores, y en conjunto se admite que esa definición encuentra no sólo escollos prácticos de implementación sino legales y normativos por sobrepasar.

Hay otro de consideración ética desde el punto de vista de la gestión pública, ya que esas definiciones pueden hacerle cometer al Gobierno errores de inclusión, al llegar a hogares que no lo necesitan -tal como viene ocurriendo masivamente en la última década y cual sea que fuere el gobierno de turno-, o de exclusión al dejar afuera a usuarios que sí lo requieren.

Fuentes oficiales confirmaron que "durante este año se va a analizar la viabilidad de distintos modelos de cruces de datos, y de cómo plantear el esquema de subsidios" con una alta complejidad como la que se pretende para analizar la capacidad de pago mediante el nivel de ingresos de cada usuario, de gastos, y la tenencia o no de propiedades, por ejemplo.

Así como se reconoce la magnitud de la tarea, en el Gobierno se admite que "si bien hay mucha información que tiene el propio Estado, hay una dificultad para el traspaso entre los distintos organismos que impone la normativa que protege la información", ya que se trata de bases de datos particularmente resguardas por la administración de la seguridad social, o la autoridad fiscal, registral y bancaria, entre otros.

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El gobierno nacional quiere elaborar un esquema de subsidios estableciendo diferencias entre los usuarios de menores recursos.

La asistencia a la que obligó la pandemia, a través de un instrumento como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) así como el conjunto de programas sociales vigentes, generaron una base de datos en la Anses que sería el aporte central para la focalización del subsidio. Pero ese universo de casi 12 millones de personas –por citar sólo a los inscriptos inicialmente al IFE- requiere una sintonía fina que identifique qué porcentaje del costo energético puede enfrentar cada usuario.

El desafío ya comienza a exceder en este punto el terreno de la voluntad política y la premisa de equidad social para ingresar al mundo de las normativas, las leyes y el precepto constitucional de igualdad.

Juan Cruz Azzarri, socio del estudio de abogados MHR especializado en el sector energético, consideró que “es muy discutible el tema del subsidio analizado desde los ingresos de cada uno, porque el principio de la igualdad tarifaria plantea que a igual usuario igual tarifa. La focalización se debe hacer a partir de una misma tarifa, y que quien no tiene recursos pague un porcentaje menor cubriendo el Estado el resto y quien tiene mayores recursos afronte el costo pleno”.

“Esto no significa que el Estado no pueda subsidiar a usuarios en las mismas condiciones –aclara el experto-, pero en una derivación del principio de igualdad constitucional, las personas en las misma condiciones no pueden ser tratadas de distintas maneras. En este caso, el servicio energético es el mismo que presta cada distribuidora”.

Es decir, que la llamada segmentación no podría avanzar en tarifas diferenciadas de acuerdo a determinados niveles de ingresos o de gastos o disponibilidad de bienes, una medida tan debatible como arbitraria ya que se pueden encontrar dos usuarios con diferentes realidades sociales y económicas a pesar de vivir en la misma cuadra o en el mismo edificio.

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La ley de protección de datos personales será un escollo legal para definir los subsidios con un cruce de datos privilegiado que tiene el Estado.

Otro aspecto relevante a considerar es la protección de la información personal –en manos de privados o del Estado mismo- reflejada en la Ley 25.036, que establece que los datos no pueden ser utilizados para finalidades distintas a las que motivaron su obtención. Es el caso de la profusa información con que cuentan la Anses, la Afip, los registros de propiedad, las entidades bancarias y el mismo Banco Central, que no podría cruzarse libremente entre los organismos del Estado. Un riesgo legal que ningún funcionario querría asumir por más bienestar social final que se persiga.

“El Estado no puede violar el secreto fiscal o bancario sin consentimiento”, explica Azzarri al señalar que no ocurriría lo mismo en el caso en que “si estructure un esquema en el que el interesado que se considere alcanzado por el subsidio releve de manera voluntaria ese secreto a los fines de permitir cruzar información para constatar la aplicabilidad”.

Un tema no menos complejo en la llamada focalización de los subsidios–nuevamente en el terreno del arbitrio del funcionario que la aplique- es el corte que impondrá el límite entre lo que pueda pagar uno u otro usuario según su realidad social y económica. En ese aspecto, en la Secretaría de Energía se estima que hay un 40% de la población que no puede pagar el costo de la energía, y un 15 a 20% que pueden pagar ese costo de forma plena. En el medio queda una difusa franja de 40 a 45% de los usuarios para la cual el objetivo enunciado es que el costo creciente de su factura energética no incida en la decisión de adquirir otros bienes y servicios, pero que puede ir enfrentando una tarifa que evolucione a la par de su salario.

Esta innovación en la ingeniería de subsidios no registra antecedentes, plantea varias dificultades y conflictos concurrentes, pero es claramente el horizonte al que apunta el Gobierno necesitado tanto de dar una respuesta rápida a los niveles de pobreza recientemente actualizados por el Indec, como a la vez de no ahogar la recuperación de la economía pero tampoco de sumar presión a las cuentas fiscales.

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