Nación actualizó los parámetros ambientales para líneas de 132 kV tras 27 años
El Gobierno Nacional aprobó una reforma integral del marco regulatorio para las instalaciones de transporte eléctrico. La medida alinea los estándares locales con organismos internacionales como la OMS y busca destrabar inversiones en infraestructura.
El Gobierno Nacional oficializó una actualización integral de los parámetros ambientales que rigen las instalaciones de transporte eléctrico de 132 kV. Esta decisión moderniza un marco normativo que permaneció estático durante 27 años y marca un cambio significativo en la regulación del sector energético argentino. La nueva disposición adopta estándares internacionales validados por organismos de referencia global y busca dotar de mayor eficiencia al desarrollo de la red eléctrica.
La normativa incorpora los criterios técnicos de la Comisión Internacional sobre Protección Frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). La actualización se fundamenta en la mejor evidencia científica disponible respecto a la exposición a Campos Electromagnéticos de Frecuencia Extremadamente Baja (CEMFEB), lo que garantiza la seguridad sanitaria sin imponer barreras injustificadas.
Eficiencia en la obra pública y eliminación de trabas
El marco regulatorio anterior presentaba un desfasaje con la tecnología y el conocimiento actual. En muchos casos, esa normativa sobrecumplía los estándares internacionales vigentes sin una justificación técnica sólida, lo que derivaba en restricciones innecesarias. Esta situación generaba demoras operativas, costos adicionales y obstáculos burocráticos que frenaban el avance de nuevas obras de infraestructura eléctrica.
La nueva resolución ordena los criterios de aplicación y elimina aquellas exigencias que carecen de sustento científico en la actualidad. El objetivo central apunta a brindar reglas claras, operativas y técnicamente consistentes. De esta forma, el Estado busca promover un desarrollo energético sostenible y seguro, alineado con las obligaciones ambientales nacionales pero con una visión ejecutiva para la expansión del sistema.
Consenso técnico y alcance de la medida
El desarrollo de esta actualización surgió de un proceso técnico que involucró a múltiples actores clave. El trabajo contó con la participación conjunta del Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Ambiente, además de la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y las principales cámaras del sector. Los organismos consultados coincidieron en la necesidad de establecer criterios actualizados para garantizar una aplicación homogénea en todo el país.
El nuevo esquema regulatorio no implica una reducción en los niveles de seguridad, aseguran desde el gobierno. Por el contrario, fortalece la protección ambiental y sanitaria a partir de parámetros más precisos y metodologías de medición reconocidas internacionalmente.
Respecto a su implementación, la resolución establece una transición ordenada. Las instalaciones ya existentes mantendrán su condición regulatoria actual, mientras que los parámetros actualizados serán obligatorios para todos los nuevos proyectos y ampliaciones de la red. Con esta medida, el Gobierno avanza en la modernización del sector eléctrico y fortalece la calidad regulatoria para futuras inversiones.
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