Los datos del Ministerio de Economía y del INDEC (que retoma IDESA en su reporte) reportan que para el año 2021 se observa que el 54% de la facturación proviene del pago de los usuarios; el otro 46% de la facturación proviene de los subsidios del Estado.
“Estos datos muestran que el financiamiento de estos servicios públicos proviene casi en partes iguales de la tarifa que pagan los usuarios y de los subsidios que decide el Estado. Ante esta situación, la idea de mejorar la situación fiscal con aumentos de tarifas impone un enorme desafío", observa el informe de IDESA.
Mitad de ingresos de empresas de energía vienen de subsidios.jpg
"La actualización tarifaria implica romper la costumbre de consumidores que pagan solo la mitad del servicio y de empresas que cubren la mitad de sus costos con subsidios del Estado. Estas malas señales seguramente han llevado al arraigo de malas prácticas de consumo y de gestión que es imprescindible revertir”, continúa el reporte.
El Estado Nacional asigna aproximadamente 3,5% del PBI a subsidios a sectores económicos. Cerca de la mitad se destina a combustibles, electricidad, gas y agua. IDESA concluye que "se trata de servicios donde el uso de fondos públicos sólo se justifica para garantizar el acceso a consumos mínimos de los sectores vulnerables. En el resto de los hogares, promover el consumo subsidiando el costo no tiene sentido”.
En este punto además de poner blanco sobre negro en el complejo entramado de subsidios, IDESA da un pasito más sobre costumbres fuertemente arraigadas. "El tema de los subsidios económicos no se agota en su costo fiscal y en el impacto sobre los presupuestos familiares. También son muy importantes los malos incentivos que generan, promoviendo el derroche en el consumo y las ineficiencias y falta de inversión en las empresas que reciben los subsidios”, afirma el reporte del centro de estudios.
“No sólo porque resultan fiscalmente insostenibles y regresivos para la distribución del ingreso, sino también porque inducen conductas muy dañinas entre los consumidores y las empresas de servicios públicos. Cambiar estas conductas costará mucho tiempo y esfuerzo”, concluye.
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