Es oficial: el Gobierno congela los impuestos a los combustibles
Nación volvió a postergar la suba del impuesto a los combustibles en plena tensión internacional. Qué medidas tomó Economía para evitar nuevos golpes al bolsillo.
El Gobierno decidió volver a postergar la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y trasladar los efectos de la suba para mayo. Esto genera que se vuelva a aplazar las actualizaciones pendientes para nafta sin plomo, nafta virgen y gasoil, correspondientes a 2024 y 2025. Así quedó establecido en el Decreto 217/2026.
La Casa Rosada justificó la decisión al señalar que busca “estimular el crecimiento económico dentro de un sendero fiscal sostenible”. En el texto oficial se argumenta que mantener el esquema vigente requiere, por ahora, aplazar los aumentos previstos, cuyo impacto directo habría recaído sobre los surtidores en un contexto de tensión internacional creciente.
El contexto geopolítico también influyó en la postergación. Con la guerra en Medio Oriente presionando sobre los precios energéticos, el Gobierno intenta evitar un nuevo salto en los valores de los combustibles y contener un golpe adicional sobre la inflación, que mostró una aceleración en los últimos meses y sigue siendo una de las principales preocupaciones económicas.
Una política de ajustes paulatinos
Desde septiembre del año pasado, Economía definió que las actualizaciones impositivas se calculen según la inflación y se apliquen de manera trimestral. Además, el Gobierno estableció un monto diferencial para el gasoil patagónico, que beneficia a las provincias del sur, al Partido de Patagones en Buenos Aires y al Departamento de Malargüe en Mendoza.
La nueva fecha para aplicar los incrementos diferidos quedó fijada para mayo, con la expectativa de que ceda la tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel, lo que podría alejar al petróleo de la zona de los 100 dólares por barril. Una baja del crudo aliviaría los precios locales y permitiría retomar las actualizaciones previstas.
Desde mediados de 2024, la administración de Javier Milei viene desdoblando o postergando varias veces la actualización del ICL, buscando moderar el impacto sobre los precios finales y, por extensión, sobre la inflación. En 2025, estas postergaciones implicaron una resignación fiscal estimada en US$2.326 millones, según cálculos de la consultora Economía y Energía.
Nuevas medidas para contener aumentos
Hay que recordar que el Ministerio de Economía anunció un paquete de acciones destinadas a “favorecer un funcionamiento más eficiente del mercado y proteger a los usuarios”.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la actualización de la especificación técnica de calidad de las naftas. La Secretaría de Energía elevó el límite máximo de oxígeno permitido hasta 5,6%, lo que habilita mayor flexibilidad en la mezcla y podría ayudar a contener aumentos en los valores de las estaciones de servicio.
La Resolución 79/2026 no modifica el corte obligatorio de bioetanol, pero permite que las compañías, si así lo desean, incorporen hasta 15% de bioetanol sin afectar los parámetros de calidad. Esta adaptación técnica amplía el margen operativo de las refinadoras, que podrán reemplazar parcialmente el componente fósil por combustible renovable.
Finalmente, la normativa tampoco altera el régimen vigente del biodiesel, ya que el gasoil mantiene una especificación técnica que admite mezclas de hasta 20%. Con estas medidas, el Ejecutivo busca administrar un mercado presionado por factores externos mientras intenta moderar el impacto en los bolsillos de los consumidores.
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