El nuevo acuerdo con el FMI pide un mayor ajuste de tarifas

El nuevo acuerdo con el FMI anunciado por Sergio Massa este viernes le abre la puerta a un nuevo capítulo de ajuste de tarifas en plena batalla electoral. El Staff Level Agreement publicado por el organismo internacional dice expresamente que, para cumplir con la meta fiscal, “sigue siendo necesario esfuerzos para actualizar las tarifas de energía para reflejar mejor los cambios en los costos de producción”.

El eje central de este párrafo radica en que el objetivo de déficit primario se mantuvo en el 1,9% del PBI a pesar de los efectos de la sequía. En consecuencia, el Fondo pidió medidas concretas como las anunciadas el lunes para incrementar los ingresos mediante una mayor exportación de granos y una mejor recaudación por la extensión del Impuesto País, pero, además, por un reajuste del gasto.

De acuerdo al documento publicado esta mañana, la baja del gasto tiene tres pilares. Uno es la contención de los aumentos de sueldo, el segundo punto pasa por las transferencias a las provincias y la asistencia social, y finalmente, el esquema tarifario del sector energético.

Como un guiño al organismo con sede en Washington, esta misma semana la Secretaría de Energía publicó en el Boletín Oficial los nuevos precios para el mercado eléctrico a partir de agosto, que contienen un alza del 17% para los usuarios de la categoría de mayores ingresos y los consumos excedentes el tope subsidiado para ingresos medios de 400 kw/h al mes. No obstante, especialistas consultados por este medio sostienen que esta suba no sería suficiente para compensar el fuerte desliz fiscal que tuvo el Tesoro en los primeros seis meses del año.

La Secretaría de Energía ya había anunciado a comienzos de año que para noviembre se espera un nuevo incremento en el componente del Valor Agregado de Distribución (VAD) que ya tuvo ajustes en los meses de abril y junio y que afecta principalmente a los usuarios de menores ingresos por la participación que tiene en esas facturas.

De todos modos, su vigencia en los últimos dos meses del año le otorgan un impacto muy acotado en la reducción de subsidios que se espera que ronden los 9.000 millones de dólares en todo el 2023.

Los últimos datos publicados por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC), el primer semestre del año mostró una reducción interanual de subsidios energéticos de 1.500 millones de dólares, algo que deberá reforzarse en la segunda parte del año. En ese sentido, el ingreso en operación del oleoducto Otasa a Chile y el gasoducto Néstor Kirchner, podrían ayudar a equilibrar la balanza comercial energética y, al mismo tiempo, a reducir el costo medio del sistema, lo que ayudaría a profundizar los giros del Estado a Cammesa y a Enarsa.

El gran interrogante es si la velocidad de la baja de subsidios será suficiente para compensar los más de 2.500 millones de dólares que se perderán por el congelamiento de los impuestos a los combustibles y llegar al 1,9% de déficit fiscal que pide el Fondo, en medio de un proceso electoral que vuelve muy sensible el ajuste de cualquiera de estas clavijas.