Santiago Nogueira, subsecretario de Cambio Climático de la provincia, señaló a Más E que “septiembre es el mes donde vamos a empezar a recibir los primeros reportes de emisión de las empresas del upstream luego de un trabajo de más de un año y medio, donde diseñamos primero el programa de monitoreo y reporte de emisiones del sector, y después hicimos un trabajo muy profundo para construir el procedimiento bajo el cual las empresas tienen que reportar".
El desafío de la estandarización y la complejidad del metano
El diagnóstico inicial de la subsecretaría arrojó un panorama fragmentado. Cada operadora en Vaca Muerta medía e informaba sus emisiones con metodologías diversas y criterios dispares. Algunas se basaban en estimaciones genéricas, mientras que otras, generalmente aquellas ligadas a capitales internacionales, aplicaban estándares más rigurosos. "El desafío fue encontrar un procedimiento común que pudiera establecer año a año pisos metodológicos obligatorios para poder reportar", detalló el subsecretario.
La cuantificación del metano presenta dificultades técnicas superiores a las del dióxido de carbono. Históricamente los inventarios de emisiones (Nivel 1) se realizaron utilizando factores genéricos aplicados a un yacimiento entero, lo que genera "incertidumbres muy altas". El nuevo marco regulatorio neuquino obliga a las empresas a subir un escalón inmediato.
"Este año ya tenemos categorías de fuentes, el piso es el Nivel 2", señaló Nogueira. Esto significa que las empresas ya no pueden usar un promedio para todo el sitio, sino que deben desglosar sus estimaciones por segmentos específicos, como los distintos tipos de mecheros (flares), venteos o fugas.
La normativa provincial habla el mismo lenguaje que el marco internacional OGMP 2.0 (Oil & Gas Methane Partnership), una iniciativa voluntaria global que la provincia adoptó y tradujo en regulación obligatoria para su jurisdicción.
La hoja de ruta a 2030 y el codiciado "Sello Verde"
El plan de la cartera de Cambio Climático es escalonar las exigencias. Se espera que entre 2026 y 2027 la provincia cuente con una "línea de base robusta en términos metodológicos" que permita, por primera vez, trazar metas provinciales de intensidad de emisiones casi nulas.
El horizonte final está fijado en el año 2030. Para ese momento, el piso de obligatoriedad será el Nivel 4, que exige mediciones directas y concretas en cada una de las fuentes que emiten metano, abandonando definitivamente las estimaciones matemáticas.
Sin embargo, el premio mayor espera en el Nivel 5. Este nivel requiere que las empresas concilien sus mediciones directas en las fuentes (Nivel 4) con mediciones a nivel de sitio, realizadas con tecnologías avanzadas como drones, aviones o sensores perimetrales. Quienes alcancen este nivel y validen sus datos a través de un tercero independiente acreditado, obtendrán lo que el gobierno neuquino denomina un "Sello de Precisión", coloquialmente conocido como "sello verde”.
Nogueira puso en relieve la importancia geopolítica y económica de esta certificación: "Se va consolidando un mercado mundial de hidrocarburos y de gas bajo en emisiones. Eso hay que demostrarlo, hay que tener capacidad de compararlo". En un mundo donde Europa y otras potencias analizan barreras de entrada para la energía contaminante, el sello verde de Vaca Muerta es un salvoconducto. "En algunos casos será condición de ingreso al mercado. En otros, un plus de competitividad frente a jugadores de mucho peso que ya están asentados, como Estados Unidos o Qatar. Vaca Muerta es un actor que se incorpora, y ahí puede obtener un plus demostrando que tiene una producción con muy bajas emisiones", asegura el funcionario.
Vigilancia satelital del metano
Mientras las empresas afinan sus reportes, Neuquén cuenta hoy con asistencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través del sistema satelital MARS (Methane Alert and Response System).
Este observatorio opera con 35 satélites capaces de detectar súper-emisiones en cualquier parte del globo terráqueo. "El satélite permite identificar emisiones que tienen una tasa por encima de los 100 kilogramos de metano por hora. Genera una alerta, ubica la fuente puntual y nos envía una notificación a la provincia", comentó Nogueira. Solo en el último tiempo, la provincia recibió y procesó más de una veintena de estas alertas.
Ante una notificación de MARS, se activa un protocolo: el Estado intima a la empresa operadora a explicar el evento, despliega inspectores en el campo y evalúa la necesidad de un plan de mitigación. Si se comprueba que la súper-emisión se debió a un venteo no autorizado o a una negligencia, interviene la Subsecretaría de Hidrocarburos que ejerce su poder de policía.
Desarrollo local y próximos pasos
El éxito de esta regulación dependerá no solo del Estado y las petroleras, sino de la creación de un ecosistema de servicios ambientales en la región. Actualmente, el gobierno trabaja junto con el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) para estandarizar los procesos de la industria.
"Tenemos que acompañar el desarrollo de un subsistema. Encontrar capacidades en la región que puedan llevar adelante servicios de medición de emisiones, y desarrollar verificadoras que estén acreditadas por el Organismo Argentino de Acreditación", explicó Nogueira. Sin verificadores independientes robustos, el ansiado nivel 5 y el sello verde carecerían de validez internacional.
Por el momento, la lupa está puesta en el sector upstream (exploración y producción), responsable del 80% de las emisiones de la industria. No obstante, la transición es inminente. Nogueira adelantó que, para fines de este año o principios del próximo, la provincia presentará los procedimientos para extender esta obligatoriedad al midstream (transporte y distribución) y otros segmentos como la generación de energía eléctrica.
