Esa inyección de liquidez se escurrió rápidamente en la cancelación de pasivos preexistentes. A partir de allí, la actividad de la compañía quedó relegada a la operación de áreas convencionales en declive en Río Negro, con base en el bloque Rinconada - Puesto Morales, en la zona de Catriel. La crónica falta de inversión en recuperación secundaria aceleró la caída productiva y profundizó el descalce financiero frente a las contratistas.
El peso de las deudas y continuidad laboral
El colapso operativo en Puesto Morales forzó la intervención del Estado rionegrino a principios de 2026. Ante los incumplimientos reiterados, el deterioro de las instalaciones y la parálisis de la producción, la Provincia decidió retirarle la concesión. En un esfuerzo por contener el impacto socioeconómico en Catriel, las áreas fueron traspasadas a la firma Geopetrol, quien fue la ganadora de la reciente licitación del área. Los trabajadores tendrán continuidad laboral en la nueva operadora con antigüedad y categoría garantizada al margen de la quiebra, informaron fuentes del gobierno rionegrino ante la consulta de +E.
En paralelo, el ahogo en los tribunales aceleraba el final. El fallo emitido en Cipolletti pone la lupa sobre el historial de cesación de pagos de la operadora, ordenando oficiar al Juzgado Comercial Nro. 18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para conocer el estado de un expediente clave caratulado "MADALENA ENERGY ARGENTINA SRL S/ PEDIDO DE QUIEBRA (COMPRESSCO DE ARGENTINA SRL)". Este litigio previo, impulsado por una reconocida firma proveedora de servicios de compresión, expone la profunda crisis en la cadena de pagos que arrastraba la petrolera.
Medidas cautelares y llamado a los acreedores
Para evitar cualquier intento de vaciamiento patrimonial, la Justicia rionegrina dispuso medidas drásticas e inmediatas. Se prohibió la salida del país a los socios gerentes de la empresa, Juan Manuel Guerrero y Víctor Mariano Zúñiga, una restricción que se mantendrá vigente hasta la presentación del informe general por parte de la sindicatura.
Asimismo, el magistrado decretó la inhibición general de bienes de la firma y ofició al Banco Central de la República Argentina para que ordene a las entidades financieras trabar embargo sobre todos los fondos de la firma. Dichos valores deberán ser transferidos sin demoras a una cuenta judicial abierta en la sucursal Cipolletti del Banco Patagonia. Para resguardar la información comercial y contable, también se dispuso la intercepción de toda la correspondencia a través de OCA, Andreani y Correo Argentino, la cual quedará a disposición exclusiva del síndico.
Las empresas de servicios, contratistas y demás acreedores que busquen recuperar parte de la deuda tendrán un plazo perentorio: deberán presentar ante el síndico los títulos justificativos y las respectivas solicitudes de verificación de créditos hasta el día 10 de julio de 2026.
