Guerra por la energía de la Patagonia: ahora Chubut exige el control de una represa clave
Días de tensión en la Patagonia por la energía. Se vence la concesión de Futaleufú y Chubut exige el control provincial.
Las represas de la Patagonia parecen estar en el ojo de la tormenta. Mientras Neuquén y Río Negro miran de reojo el trabado proceso de licitación pública nacional e internacional de las hidroeléctricas del Comahue, en Chubut hay otro frente abierto porque el 15 de junio de este año vence la concesión del Complejo Hidroeléctrico Futaleufú.
En este contexto, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, ha manifestado que la provincia tendrá un “rol protagónico” en la renegociación del contrato con el Gobierno Nacional. De hecho, adelantó que no aceptará una nueva prórroga automática sin un debate profundo.
Torres remarcó: “Esperamos que esta instancia derive en tarifas más accesibles para los usuarios locales”. Y destacó: “Somos una de las pocas provincias con superávit fiscal, y eso permitiría asumir la responsabilidad de gestionar también con eficiencia los recursos energéticos”.
Entre sus principales demandas se encuentran obtener energía más barata para la provincia, lograr inversiones concretas en la infraestructura eléctrica para la Comarca Andina -una zona históricamente postergada en esta materia- y asegurar la participación efectiva de los municipios locales en la discusión.
Al igual que en Patagonia norte, el gobernador de Chubut sostiene que los recursos naturales pertenecen a las provincias, en contraposición a otras visiones que centralizan el poder concedente en la Nación.
Los ejes del conflicto en Patagonia
La situación del complejo Futaleufú se enmarca en un triple conflicto: la jurisdicción (obra nacional en territorio provincial y dentro de un parque nacional de jurisdicción nacional), las regalías, y la posibilidad de potencial el turismo.
Organizaciones políticas y sociales también han alzado la voz, reclamando la provincialización de la presa una vez que expire el contrato. ¿Cómo justifican el pedido? Argumentan que el complejo, construido con financiamiento estatal y un importante costo ambiental —como la destrucción de un bosque nativo único y el desvío de rápidos—, ha sido usufructuado principalmente por ALUAR sin generar beneficios equivalentes para las comunidades aledañas ni para el Parque Nacional Los Alerces.
Por otro lado, hay malestar porque se paga una de las tarifas más altas del país cuando se está generando localmente la energía.
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