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El impacto energético del DNU de Milei: tarifas, renovables y privatizaciones

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) toca de lleno a la industria de la energía y su regulación. La opinión de los actores.

La industria energética quedó sorprendida por la magnitud de reformas del DNU anunciado por Javier Milei y las empresas todavía están estudiando el impacto con sus equipos regulatorios, con lo cual se abstienen de hacer análisis tajantes.

En general, el clima es positivo y se valora el espíritu desregulacionista que podría beneficiar al sector privado. Sin embargo, hay sectores como el de las energías renovables donde hay un fuerte rechazo a la eliminación de beneficios a la generación distribuida.

“Esperábamos que el 2024 sea el año de la distribuida. Es incomprensible que se vaya a desactivar los beneficios. Me parece una impericia total dejar al Estado sin ninguna herramienta de promoción”, indicó una fuente de la industria.

“Se desactiva el FODIS de la Ley 27.424 (Generación Distribuida) y los certificados de crédito fiscal. Estoy buscando si hubo recortes en los regímenes de promoción de hidrocarburos/carbón y no encuentro nada. ¿O será eso para la segunda generación? Me parece que no están emparejando la cancha así”, ironizó el consultor Juan Carlos Villalonga.

Otra de las cuestiones que desató polémica fue la modificación del estatus jurídico de las empresas públicas para reconvertirlas en Sociedades Anónimas como paso previo a su privatización.

“Este cambio tendrá el extraordinario beneficio de mejorar la transparencia y el gobierno corporativo de esas empresas, al tiempo que tendrá la virtud de facilitar la transferencia de las acciones a sus empleados, en los casos en que se quiera avanzar en este sentido", subraya el texto.

Para el diputado provincial y presidente del partido Justicialista, Darío Martínez, “está claro que pretende cercenar derechos laborales, precarizar y desproteger a los trabajadores, anular los regímenes de promoción Industrial y de compre nacional, iniciar el camino de la privatización de YPF y otras empresas públicas, así como otras leyes que defienden a los consumidores, a quienes necesitan medicamentos, y debilitan las Obras Sociales”.

El capítulo tarifario también fue incluido en la normativa al facultar a la Secretaría de Energía a quitar subsidios al gas y a la electricidad, subir tarifas y profundizar la segmentación según el nivel de ingresos.

Donde sí hubo una valoración positiva fue en el segmento de transporte eléctrico ya que libera la participación de los privados en la ampliación de las líneas de transmisión. Del mismo modo, fuentes de la actividad minera destacaron a +e que las leyes derogadas no eran relevantes porque nunca funcionaron bien y que la flexibilidad laboral “puede ser beneficiosa” según cómo se instrumenta.

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