Opinión

Gas: hay que pasar el invierno (y sobre todo en el 2021)

Nación busca solucionar el abastecimiento. Están en juego la mayor producción de gas para el país, el nivel de actividad y el sostenimiento de los empleos.

El gobierno nacional tomó nota de lo que podría suceder en el mercado del gas en el 2021 y por eso trabaja contra reloj para tratar de conseguir un acuerdo con las principales productoras. Agosto sería la fecha indicada para la puesta en marcha de la cuarta edición del Plan Gas.

Cree que desde ese momento se podría establecer una línea de largada para evitar tener que importar más GNL el año próximo, el desvelo de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo, que tientan a las empresas con un nuevo precio estímulo para la producción.

Ese valor beneficiaría al gas que las compañías extraigan hacia adelante, con un precio que, en los parámetros de las últimas licitaciones del Mercado Electrónico del Gas (MEGSA), premiaría con un dólar por cada millón de BTU a la producción.

En una primera mirada, la medida podría contrastar con el actual clima económico. Esto es: el Estado haciendo un aporte adicional en momentos en los que, si hay algo que le falta, son dólares.

Sucede que la opción de girarlos al exterior sería aún más costosa en la compra de gas, en momentos en que para el país cada dólar cuenta, en un contexto en el que busca reencauzar la economía. Y sostener el nivel de reservas del Banco Central de la República Argentina es una parte sustancial de ese esquema, hoy en absoluta tensión.

El gobierno nacional hizo una primera propuesta, mientras comienza la discusión sobre el trazo más fino de un posible acuerdo que Nación busca que llegue fruto del consenso.

Para eso, primero busca cancelar una millonaria deuda con las empresas por saldos impagos del subsidio vigente: la resolución 46/17 de la administración de Cambiemos, un aporte disruptivo para el mercado del gas que al mismo tiempo resultó insostenible para las arcas del Estado argentino.

Si se mira bien, desde marzo pasado, el gobierno nacional dio algunas señales en momentos en que el sector petrolero estaba repleto de preguntas acerca del futuro. Primero fue la discusión sobre el barril criollo, el precio interno del crudo que fijó un valor por sobre el del mercado internacional, un reclamo de gobiernos provinciales, con Neuquén a la cabeza, que ven en el barril a u$s 45 una chance de obtener más regalías (las necesitarán para contener el impacto del coronavirus, como en el resto del país, el principal motivo para la caída de su recaudación).

El gas es hoy la forma de evitar la profundización de una crisis que, sobre todo, podría tener efectos en el año del primer test electoral, el 2021, cuando Alberto Fernández mida con la renovación parcial del Congreso cómo las urnas traducen lo que el electorado piense sobre su gestión hasta ese momento.

Este debate con un pie en la macroeconomía y el otro en el mesurado impulso que podría tener el sector petrolero en el corto plazo, será también una variable adicional para medir el nivel de empleo en los campos productores.

Los yacimientos gasíferos en declino de todo el país y la casi inexistencia de perforaciones en este segmento durante el último año son un factor más para el riesgo de los puestos laborales, cruzados por una crisis cíclica del precio internacional, que suma el azote mundial en medio de la pandemia y el freno locales que impacta en el sector desde agosto del 2019. En rigor, la política hace malabares en un escenario inédito a nivel global.

Esta suerte de combo fatídico hace notorios sus efectos en Neuquén, hay 25.000 trabajadores que esperan la resolución de la negociación salarial en ciernes. Los sindicatos buscan que no haya despidos y reeditar el acuerdo salarial que habían logrado hasta mayo, a todas luces un desafío de magnitud.

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