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El IAE Mosconi expresó su rechazo hacia la nueva ley petrolera

Aseguran que la ley "compromete recursos fiscales que el Estado no posee, concede beneficios por largos períodos de tiempo, crea inequidades que serán motivo de reclamo y se contrapone con criterios elementales de transición energética".

A través de un comunicado, el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi (IAE Mosconi) manifestó su rechazo hacia el nuevo proyecto de ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, impulsado por el Gobierno nacional, tras considerar que la medida “tiene un diseño institucional que no es transparente”.

Desde el organismo presidido por el ex secretario de Energía de la Nación, Jorge Lapeña, señalaron que, en líneas generales, la flamante propuesta “discrimina positivamente al sector de hidrocarburos y sus derivados en detrimento de otros sectores de la economía, establece un régimen fiscal, regulatorio, cambiario y económico y deja amplios espacios de discrecionalidad para la autoridad de aplicación”.

Además, agregaron que la normativa “incluye la promoción por 20 años de la producción de petróleo y gas, fija precios de referencia de forma discrecional, garantiza volúmenes de exportación y libre disponibilidad del 50% de las divisas generadas y otorga desgravaciones impositivas que se definen en base a parámetros sobre los cuales el Estado ha demostrado escasa capacidad de control y auditoría”.

La Comisión Directiva de IAE Mosconi advirtió que este tipo de programas de promoción ”perpetúan en el tiempo el actual mecanismo de formación de precios de la energía que desacopla el valor que paga la demanda del que recibe la oferta y generan una diferencia que se cubre con crecientes subsidios que el Estado no tiene posibilidad de financiar” y manifestaron que “observan con preocupación el régimen de promoción al desarrollo de infraestructura”.

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De acuerdo a las autoridades del instituto, el denominado Consejo de Inversiones, el órgano encargado de aprobar los proyectos de inversión que crea la normativa, ”no tiene prevista ninguna representación provincial y desconoce el dominio original de los recursos naturales en sus territorios establecido en el artículo 124 la Constitución de 1994 y en las leyes posteriores, como la ley 26.197, que interpretan esta disposición constitucional”.

“En ausencia de un Plan Energético integral, el mecanismo promocional previsto por la normativa carece de la transparencia necesaria y no asegura la asignación eficiente de recursos”, indicaron.

En ese sentido, el comunicado del organismo agrega que, en la propuesta, “no está limitada la aplicación de avales por parte del Estado nacional ni al financiamiento con fondos públicos o provenientes del Fondos de Garantía del ANSES de proyectos sin estudios de factibilidad completos, como por ejemplo los nuevos gasoductos a Vaca Muerta incluidos en el presupuesto nacional 2022”.

“Los beneficios fiscales que la ley otorga no se encuentran debidamente dimensionados ni acotados”, añadieron.

Por otro lado, los directivos del IAE Mosconi manifestaron sus reclamos en cuanto a las medidas de cuidado del medio ambiente: “Se modifica el esquema del impuesto al dióxido de carbono que deja de ser un monto fijo y lo convierte en un impuesto ad-valorem. Se trata de una modificación que va a contramano de los incentivos destinados a internalizar los efectos negativos asociados a las emisiones por combustión de los derivados del petróleo. Este cambio representa un retroceso que evidencia un fin recaudatorio que poco tiene que ver con los objetivos de descarbonización y reducción de emisiones”.

“Los compromisos que asume el Estado Argentino en esta ley no solo se contraponen con los asumidos con la comunidad internacional en relación con la transición energética, sino que limitaría seriamente su capacidad de negociación futura en el marco de los acuerdos globales sobre el cambio climático”, afirmaron.

Asimismo, el documento sostiene que los programas de sustentabilidad energética de la normativa “priorizarán llamativamente las obras de Integración Energética S.A (ex ENARSA) y de cualquier otra empresa del sector hidrocarburos de mayoría estatal, como YPF”.

Para finalizar, desde el IAE Mosconi consideraron que el proyecto de ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas “compromete recursos fiscales que el Estado no posee, concede beneficios por largos períodos de tiempo, crea inequidades que serán motivo de reclamo, tiene un diseño institucional que no es transparente y, además, se contrapone con criterios elementales de transición energética”.

“Cualquier intento de aprobar en forma express una propuesta de esta envergadura incurre en un acto de irresponsabilidad económica, energética, ambiental e institucional. El Gobierno evita comenzar por el principio: la presentación de un plan energético integral donde se puedan apreciar y analizar sus prioridades”, concluyeron.

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