Casi un mes después, el 6 de mayo, durante la Expo San Juan Minera 2026, el subsecretario de Minería de Chile, Álvaro González, y Lucero confirmaron la fecha del relanzamiento formal. González sintetizó el espíritu del encuentro: "Observamos la oportunidad de avanzar en importantes desafíos de cooperación e integración en el ámbito minero".
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Cordillera de los Andes, frontera entre Chile y Argentina, escenario del tratado minero binacional.
Imortancia actual del tratado
Firmado el 29 de diciembre de 1997 en San Juan y Antofagasta, el tratado consta de 23 artículos y dos anexos, y se complementó con un Protocolo de 1999. Su función es coordinar aspectos regulatorios, aduaneros, tributarios, laborales y de infraestructura para que un mismo yacimiento o distrito minero pueda operar a ambos lados de la cordillera bajo reglas comunes. La herramienta operativa central son los Protocolos Adicionales Específicos (PAE), que definen condiciones particulares caso a caso para cada proyecto fronterizo.
La urgencia por modernizar su aplicación responde a un cambio de escala en la industria. Donde antes había yacimientos aislados, hoy existen distritos mineros integrados como Vicuña —que combina varios depósitos cupríferos de clase mundial—, además de Los Azules y Lunahuasi. Según especialistas del sector, el principal obstáculo no es la falta de marco legal, sino su aplicación práctica: negociaciones sin plazos definidos ni una ventanilla binacional única.
La sesión del 7 de julio definirá el ritmo real de esta segunda etapa del tratado. Entre los temas pendientes figuran la creación de una ventanilla binacional, plazos administrativos claros y protocolos diseñados para distritos completos, no solo para proyectos individuales. El resultado de ese encuentro será determinante para destrabar inversiones que, en algunos casos, llevan años a la espera de un marco regulatorio que las dos cancillerías parecen finalmente dispuestas a actualizar.
