"Las hidroeléctricas deben estar en manos de las provincias"

En el año 2023 comienzan a vencer los contratos de concesión de hidroeléctricas, el senador nacional por Chubut, Ignacio Torres, presentó un proyecto de ley solicitando que las centrales pasen a manos de las provincias.

"Entendemos que esta es una oportunidad para avanzar en la real concreción de la 'Soberanía Energética' y para ello es necesario primero una decisión política y luego resolver los mecanismos de instrumentación que permitan, de acuerdo al marco regulatorio, que el manejo y control de las centrales hidroeléctricas de la norpatagonia, sean revertidos sin cargo a las jurisdicciones provinciales. Y sean estas quienes organicen la explotación de las mismas en un todo de acuerdo con la Ley Nº 24065", consideró el legislador nacional.

El art. 124° de la Constitución Nacional establece que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. "Esto en sí mismo representa la necesidad de una mirada amplia, que reconozca la legitimidad de la propiedad del recurso hídrico a las provincias con la participación y niveles de decisión correspondientes, y que al mismo tiempo no pierda de vista los intereses nacionales en juego", aseveró.

El proyecto propone que serán las jurisdicciones provinciales con injerencia en el manejo del recurso hídrico, a través de los comités de cuenca, quienes organicen la explotación de los mismos, sin perjuicio de ello, el poder de policía y seguridad de presas será ejercido por el ORSEP de acuerdo a las normas vigentes o que en el futuro se establezcan.

El Estado Nacional ha otorgado concesiones hidroeléctricas en los términos que prevé la Ley, sobre recursos hídricos provinciales tanto antes, como después de la reforma constitucional de 1994, sin que la facultad del Estado Nacional para otorgar dichas concesiones haya sido cuestionada constitucionalmente.

Asimismo, cabe señalar que el uso del agua está regido por los códigos de aguas provinciales, variando en cada caso las prioridades de uso. “Hoy, frente a las ingentes necesidades de racionalizaciones del uso del recurso hídrico, se impone un manejo integrado y por quienes detentan el dominio del mismo. Son las provincias quienes deben proceder a la articulación en pos de sus intereses, y quienes efectivamente deben poseer la gestión unificada e integral de sus recursos”, sostuvo el legislador.

“Como patagónicos, creemos importante que se reviertan estas concesiones dado, que solo se pretende reconocer la razonabilidad que el poder jurídico les otorga a las provincias como autoridad de cuenca y de manera estratégica sean las mismas las que con sus recursos contribuyan a la producción de energía, un recurso indispensable para el desarrollo de nuestra región y nuestro país”, agregó.

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En contra de la estatización

Asimismo, Torres marcó su rechazo al proyecto que impulsa el senador nacional por Neuquén, Oscar Parrilli, con el apoyo del chubutense Carlos Linares y otros pares de Río Negro y Neuquén, para estatizar las 17 concesiones hidroeléctricas que vencen a partir de 2023 y que pretenden que pasen a depender de Enarsa.

“No vamos a permitir como patagónicos que las concesiones de las represas hidroeléctricas de la región y en particular, las de la provincia del Chubut pasen a depender de IEASA (Ex Enarsa), es decir, al Estado Nacional (o la Cámpora) como pretenden Linares y Parrilli”, disparó Torres.

El legislador nacional dejó en claro que la soberanía de los recursos naturales en el territorio corresponde a las provincias, según marca la Constitución Nacional, y sería razonable que los poderes jurídicos sobre esos bienes pasen a las respectivas autoridades de cuenca. “Vamos a defender los intereses de la provincia; solicitaremos que se reviertan sobre las jurisdicciones provinciales los activos de las centrales hidroeléctricas”, aseguró.

Tores refirió que la ley de estatización va a contramano de todos los avances que se lograron en materia energética durante más de una década. “El sistema que hoy pretende volver a replicar el kirchnerismo provocó un derrumbe del 40% en la oferta interna de energía hidráulica, mientras que la capacidad instalada se estancó”, puntualizó.

Según marcan los datos estadísticos, entre 1989 y el 2000, la potencia instalada del sistema creció un 48,61% mientras que el sistema volvió a flanquear para la década de los 2000, tras el congelamiento tarifario ordenado por Néstor Kirchner que se mantuvo hasta el año 2015.

“Estas medidas irresponsables desalentaron la inversión y descapitalizaron el sistema energético, provocando que el país volviera a tener un déficit en su balanza comercial sobre esta partida”, objetó Torres.

Por último, el senador adujo que “Linares y Parrilli encuentran en la gestión privada de los servicios un chivo expiatorio para justificar el insuficiente desempeño del sistema en los últimos años, cuando en realidad fueron las propias regulaciones sobre las tarifas las que distorsionaron los precios relativos y limaron la inversión”, concluyó Torres.