En ese sentido, el especialista y presidente del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (Ceare), Raúl Bertero, opina que para poder plantear un plan energético “es necesario primero tener un programa económico y social que sea coherente que le dé un marco. Ese es el principal problema de la Argentina”, señaló ante la consulta de +e y apuntó en ese sentido que el congelamiento de tarifas energéticas no es sostenible por mucho tiempo más.
“Hoy gran parte de la población atraviesa una situación muy angustiante y por eso es muy difícil de desarmar el congelamiento de las tarifas; pero hay que hacerlo con un mecanismo de relojería”, indicó y propuso “atar las tarifas momentáneamente a los aumentos de salarios”.
“Es la única manera de que aumenten sin golpear el ya muy deteriorado nivel de vida de la población; a los que están desocupados habrá que asistirlos pero los que tienen ocupación y los que tienen nivel adquisitivo deberían poder empezar a actualizar los montos porque después va a hacer insostenible el sistema. Es una grave injusticia social el congelamiento, para esto se necesitan políticas activas”, subrayó el experto y consideró que “hacer hoy una revisión tarifaria indicaría hacia dónde quiere ir el país. Puede ser un buen comienzo”.
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Raúl Bertero: propuso “atar las tarifas momentáneamente a los aumentos de salarios”.
En paralelo, el economista y consultor del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, Alejandro Einstoss, advirtió sobre la necesidad de contar con condiciones macroeconómicas de base para atender una oferta de subsidios a la oferta. “¿Es posible prometerle dólares a la industria en este contexto? La respuesta a eso puede ser que si no se lo damos nosotros a la industria local lo vamos a tener que gastar igual en importaciones y eso puede tener sin dudas algo de realidad. El tema es que cómo vamos a garantizar que de esas inversiones de la industria local se obtengan los resultados esperados”, estimó en diálogo con +e.
Para eso, Einstoss propone que los productores “deberían poder acceder por lo menos a una parte de los dólares que generen, un porcentaje que sea de libre disponibilidad para el productor, y el resto que lo liquiden en el mercado local y que den garantías para abastecer el mercado local”.
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Alejandro Einstoss: "Los productores deben tener un porcentaje de dólares de libre disponibilidad y el resto que lo liquiden en el mercado local".
“Hay que pensar un esquema de incentivos pero a la exportación, no hay subsidio del Estado que alcance ni tarifa que puedas aumentar. El programa de incentivos tendría que ser aumentar la producción para exportar, por ejemplo al mercado regional, garantizando el abastecimiento en el mercado interno”, indicó el economista.
En ese sentido, Bertero apuntó que “los productores necesitan que les aseguren otras cosas, como por ejemplo que si invierten dólares se van a poder llevar dólares, que de alguna manera el sistema tarifario va a ser razonablemente estable, hay toda una serie de factores que también son fundamentales, no importa cuánto le digan que le van a pagar el gas”.
De acuerdo con el proyecto Presupuesto 2021 que el gobierno nacional envió al Congreso Nacional para su tratamiento parlamentario, el nuevo “Plan Gas 4” tiene un crédito asignado por $ 20.645 millones (poco más de 200 millones de dólares), y las metas físicas del programa alcanzan solo a 2.525 millones de metros cúbicos año subsidiados.
“La situación es binaria: o bien el gobierno planea aumentar el precio del gas que paga la clientela más de un 40% en dólares (y mucho más aún en pesos si se produce una variación en el tipo de cambio), o bien los recursos del presupuesto serán insuficientes”, advierte el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi.
A decir de los analistas del Instituto, el nuevo esquema prevé un horizonte de 4 años (2020-2024), en el cual regirá un precio de referencia, que, de fijarse en la actual coyuntura, reflejará costos de capital y de riesgo cambiario exageradamente altos. “La consecuencia será condenar a las familias y al aparato productivo nacional a pagar un precio de la energía innecesariamente alto en los próximos años”, cuestionaron desde el IAE.
Al respecto, Einstoss se detuvo en los plazos que se establecieron para el programa. “Un plan a cuatro años es un riesgo en esta coyuntura, aunque puede ser defendible desde el punto de vista del horizonte de la inversión. El riesgo tiene que ver con que el Estado nacional puede quedar entrampado en compromisos de alto costo fiscal que después no se pueden pagar o que se pueden demorar mucho y generar contingencias judiciales, como pasó con la resolución 46 que terminó con un reclamo de Techint durante la gestión de Mauricio Macri”, detalló el economista.
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