“Este tipo de permisos no sólo encarecen el acceso a tecnología, sino que también atentan contra la competitividad y la inversión”, explicó el ministro Luis Caputo en redes sociales. La eliminación del certificado forma parte del Decreto 70/2023, que el Gobierno comenzó a implementar de manera gradual desde diciembre pasado.
En paralelo, la medida responde a un pedido concreto de los Estados Unidos en el marco del informe sobre barreras comerciales que elabora la Oficina del Representante de Comercio (USTR). Según ese informe, el CIBU violaba principios de libre comercio y perjudicaba la operatoria de empresas estadounidenses en la Argentina.
Impacto en la industria energética
En la práctica, la decisión permitirá a las compañías del sector petrolero importar equipos usados —como torres de perforación, bombas, generadores, motores, etc.— sin necesidad de cumplir con requisitos administrativos adicionales. La medida es clave en un contexto de necesidad urgente de equipamiento para acelerar los desarrollos no convencionales, especialmente en Neuquén.
Empresas operadoras y de servicios venían reclamando una mayor flexibilidad para incorporar bienes de capital que no se fabrican en el país y que muchas veces sólo están disponibles en mercados de segunda mano. La medida también abre una oportunidad para proyectos marginales o de escala media, que no pueden afrontar el costo de equipamiento nuevo.
Un antecedente bajo la gestión Macri
Durante el gobierno de Mauricio Macri, se aplicó un régimen especial para la importación de equipos usados destinados a la industria petrolera. En 2017, el Decreto 629 permitió el ingreso de maquinaria con hasta 10 años de antigüedad, con la condición de que no existieran proveedores locales para ese bien. Ese régimen exigía además que las empresas compraran bienes nacionales por un valor equivalente al 30% del equipo importado.
En 2019, el Decreto 555 ajustó los aranceles según la antigüedad de los equipos y mantuvo el compromiso de sustitución parcial por productos locales. Si bien facilitó el ingreso de maquinaria a Vaca Muerta, la normativa mantenía condicionamientos administrativos.
La eliminación total del CIBU implica ahora un cambio más profundo: ya no habrá requisitos especiales para importar bienes usados, lo que podría derivar en un ingreso más fluido de equipamiento al país. En un contexto de ajuste fiscal y fuerte necesidad de inversión privada, el Gobierno apuesta a que estas decisiones se traduzcan en mayor actividad económica, especialmente en sectores clave como el energético.
