En la región del Comahue, regirían las propuestas de Camuzzi Gas del Sur (543%) y de Transportadora de Gas del Sur (567%), lo que elevaría el porcentaje previsto. Si bien todavía no se conoce qué postura tomará el Enargas, el rumbo extremadamente pro-empresa que está mostrando el nuevo Gobierno en sus primeras semanas de gestión hace prever que los aumentos serán muy cercanos a los solicitados.
Cabe aclarar que en los segmentos de transporte y distribución el Estado nacional no destina ningún tipo de subsidios. Por lo tanto, todo incremento tiene como destino la recomposición del margen de ganancia de las empresas en una señal que busca incentivar inversiones para la mejora del servicio.
Donde sí hay un fuerte gasto en subsidios es en el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Acá, solamente por el efecto devaluación, los valores tendrán un ajuste del orden del 130% sin que represente una baja en subsidios. Para que signifique una reducción del gasto del Estado, habría que modificar la estructura actual donde el porcentaje de subsidios llega al 38% en el segmento de altos ingresos (N1), el 77% en ingresos medios (N3) y el 82% en ingresos bajos (N2), con un promedio total del 67% según los últimos datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires.
El sendero que anunció el Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo es una baja del 35% de los subsidios para el 2024 que representa unos 0,7 puntos porcentuales del PBI entre gas y electricidad.
Para ajustarse a esta premisa, la consultora Economía & Energía proyecta que se eliminará la totalidad de los subsidios a las categorías N1 y N3, mientras que los N2 pasarán a pagar un 20% del costo del abastecimiento.
De esta manera, los aumentos en la factura de gas natural serían del 204% en los N1, 168% en los N2 y 336% en los N3. El problema es que este cálculo sólo contemplaba un ajuste del Valor Agregado de Distribución (VAD) del 116% en línea con lo que fue la inflación desde mayo del 2023 cuando se aplicaron las últimas subas.
Ya si se aplican las subas que solicitan las distribuidoras y transportistas, esos porcentajes podrían elevarse significativamente, lo que choca con el principio de tarifas justas y razonables que fijó la Corte Suprema en 2016.
El mismo estipuló que las decisiones en materia tarifaria "imponen al Estado una especial prudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas y de su transparencia, a fin de asegurar su certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, es decir una relación directa, real y sustancial entre los medios empleados y los fines a cumplir, evitando que tales decisiones impongan restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de los usuarios, y de resguardar la seguridad jurídica de los ciudadanos".
"El Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables, y evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de confiscatoria, en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a considerar", agregó.
Otro factor a considerar es que, por primera vez, luego de un fuerte aumento inicial, las tarifas se actualizarían todos los meses según el índice de precios mayoristas para que no queden retrasadas nuevamente en poco tiempo con este nivel de inflación. De todos modos, el 2024 actuará como un esquema de transición, mientras se elabora una nueva Revisión Tarifaria Integral que tendría vigencia por los siguientes cinco años.
