La consulta previa tiene protocolo

El gobierno provincial aprobó el “Procedimiento de Consulta Previa, Libre e Informada” que se aplicará en la relación entre el Estado provincial y las comunidades indígenas de Neuquén que cuentan con personería jurídica reconocida. Se trata de una herramienta que tendrá incidencia en la industria petrolera, cuya actividad en muchas ocasiones se lleva a cabo en territorios mapuche o que se encuentran en disputa.

A través del decreto 108/2023, se establece que la Consulta Previa se aplicará a aquellos expedientes que se insten a partir de la entrada en vigencia de la norma. Se dispuso un plazo de 90 días para crear el Registro Especial de Comunidades Indígenas de la Provincia del Neuquén.

“Las comunidades están reconocidas por la Constitución, el Estado lo que tiene que hacer es registrarlas, no reconocerlas. Pero hay que crear ese registro”, indicó el werken de la Confederación Mapuche, Jorge Nahuel. Fuentes de tres operadoras consultadas por +e coincidieron en que la consulta previa ya tenía rango constitucional, y que es una práctica habitual aún sin un procedmiento normado. Consideraron que el protocolo servirá para organizar la relación, sobre todos con las comunidades con las que tienen canales de relación institucionalizados, pero advierten que significará un paso burocrático más, que en ocasiones podría generar mayores demoras a los proyectos.

Por otro lado, las petroleras ponen el foco en el rol que tendrá la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, a cargo de Jorge Lara, a la hora de otorgar las personerías jurídicas.

El titular de la Confederación Mapuche comentó que a partir del acuerdo, contarán con “un estatuto propio, adecuado, que respete las pautas culturales de como se relaciona internamente el pueblo mapuche. Vamos a aceptar el criterio de que la consulta previa se aplique solamente a las comunidades con personería, pero si hay un compromiso firme de que se va a crear ese registro en 90 días, porque eso nos da la tranquilidad de que nadie va a quedar excluido”.

Detalló que hay unas 12 comunidades que reclamarán ingresar el registro.

“Hay proyectos que van a afectar la forma de vida de una comunidad, por lo tanto el Estado debe contar con su aval antes de iniciar cualquier proceso. Es algo que nunca se cumplió, hay una relación de permanente conflicto entre las comunidades indígenas y el Estado”, señaló Nahuel.

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De esta manera, por primera vez se aplicará en la provincia un procedimiento en los términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en los casos en que se desarrolle algún tipo de actividad en territorios mapuche, como es el caso de la explotación hidrocarburífera.

Sin embargo, la Confederación asegura que aún se necesita avanzar en otra gestión central: el relevamiento territorial que eche luz sobre las tierras comunitarias.

La preocupación de las operadoras consultadas coincide en los plazos planteados por el protocolo, que pueden demorar hasta cuatro meses la aprobación de un proyecto, según establece el artículo 17º del procedimiento.

Las comunidades contarán con un plazo de 30 días, a contar desde que se realice la primera audiencia para remitir a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente sus consideraciones, que se podrá prorrogar en forma excepcional hasta por otros 30 días. Vencido esos tiempos, el Estado tiene hasta 120 días para resolver todo el proceso.