El mapa de los proyectos aprobados
Al 11 de mayo, el Estado Nacional tenía aprobados doce proyectos bajo el régimen, con una inversión comprometida total de aproximadamente US$26.680 millones, conforme al Informe 145 del Jefe de Gabinete de Ministros ante el Congreso Nacional. Apenas días después, el RIGI sumó dos nuevas aprobaciones y alcanzó los 16 proyectos, con compromisos que superan los US$21.000 millones
Esos proyectos abarcan energías renovables, hidrocarburos, gas natural licuado (GNL), minería de litio, cobre, oro y plata, siderurgia e infraestructura portuaria. Los proyectos de energía aprobados incluyen:
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Parque Solar El Quemado (YPF Luz, Mendoza): 305 MW fotovoltaicos orientados al mercado interno.
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Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) (YPF y otras petroleras, Neuquén/Río Negro): ampliación de capacidad exportadora de crudo.
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Planta de GNL de Southern Energy: exportación de gas natural licuado desde la costa atlántica mediante barcos licuefactores.
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Parque Eólico de Olavarría (Generación Eléctrica Argentina Renovable SA, Buenos Aires): orientado al abastecimiento industrial.
Los proyectos de minería aprobados incluyen:
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Rincón (Rio Tinto, Salta): US$2.724 millones en litio, primer proyecto minero aprobado bajo el régimen.
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Hombre Muerto Oeste (Galán Lithium, Catamarca): 12.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (LCE).
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Los Azules (San Juan): cobre, posicionado como uno de los mayores proyectos del mineral en toda Sudamérica.
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Josemaría (San Juan): cobre, oro y plata; primera producción proyectada hacia 2030.
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PSJ Cobre Mendocino (Minera San Jorge, Mendoza): US$891 millones; uno de los primeros proyectos greenfield de cobre de la provincia.
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Cauchari-Olaroz ampliación (EXAR, Jujuy): US$1.240 millones; incorpora tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE) para duplicar capacidad instalada.
Completan el cuadro una planta siderúrgica de acero verde en Buenos Aires y una terminal portuaria multipropósito en Santa Fe.
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El informe de CEPA estima que el costo fiscal del RIGI superará los US$1.069 millones anuales.
Dónde se va el dinero público
El análisis del CEPA desagregó el costo fiscal según sus componentes. El más pesado es el diferencial en el Impuesto a las Ganancias: mientras el régimen general para sociedades aplica una alícuota del 35%, el RIGI la reduce al 25% —e incluso al 15% bajo el denominado "SuperRIGI"—. Esa brecha representa una renuncia de US$545 millones anuales.
Los derechos de exportación resignados suman unos US$107 millones anuales, con impacto concentrado en la minería de litio y plata, ya que el cobre, el oro y el petróleo ya contaban con alícuota 0% antes de la existencia del régimen. Las exenciones de aranceles de importación sobre bienes de capital e insumos representan un costo adicional no menor para el fisco, dado que los Vehículos de Proyecto Único (VPU) no pagan impuestos al ingreso de equipos.
Durante la fase de construcción (2025–2028), el informe estima un costo fiscal diferencial de US$430 millones por año, concentrado en la devolución del IVA pre-operativo mediante Certificados de Crédito Fiscal (CCF) y exenciones aduaneras.
La postura oficial y la réplica técnica
Frente a estas cifras, el Ejecutivo sostiene una posición que repite en cada informe ante el Congreso: "No hay afectación al equilibrio fiscal". El argumento es que el Presupuesto Nacional no contempla ingresos provenientes de actividades generadas en el marco del RIGI y, por lo tanto, la renuncia recaudatoria no constituye un quebranto presupuestario.
El CEPA analiza los datos desde otra perspectiva. El informe adopta el criterio estándar de gastos tributarios —utilizado por organismos como el FMI y la OCDE— para cuantificar la recaudación potencial que el Estado efectivamente resigna. Bajo ese enfoque, el costo existe con independencia de si fue o no presupuestado.
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Los proyectos de litio y cobre lideran las inversiones aprobadas bajo el nuevo régimen.
Secretaría de Minería
¿Inversión nueva o beneficios a lo que ya venía?
El punto más cuestionado del régimen es su capacidad real para atraer capitales genuinamente frescos. El CEPA advirtió que al menos 7 de los 12 proyectos analizados ya tenían avances significativos o habían sido anunciados antes de la sanción de la Ley Bases. Rincón de Litio, Los Azules y El Quemado ya estaban en etapa de evaluación técnica antes de la existencia del RIGI.
Desde el centro de estudios indicaron que "esto sugiere que el RIGI no está generando necesariamente inversiones nuevas, sino otorgando beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios extraordinarios a proyectos que probablemente se hubieran desarrollado de todos modos".
Aseguran que ninguna empresa extranjera ingresó a Argentina por primera vez gracias al RIGI. De los proyectos aprobados, todas las compañías foráneas participantes ya tenían operaciones o activos en el país antes de que el régimen existiera.
El contexto regional: Chile mira con alarma
El debate interno sobre el costo fiscal convive con un reconocimiento externo que el Gobierno no desaprovecha. Manuel Viera Flores, presidente de la Cámara Minera de Chile, resumió el impacto regional con una frase que resonó en toda la industria: "Milei hizo en 18 meses lo que en Chile no logramos en 10 años". El dirigente calificó al RIGI como "la primera vez en décadas que un país sudamericano ofrece un marco fiscal verdaderamente competitivo a nivel global".
La tensión entre ambas lecturas —costo fiscal para el Estado versus señal de competitividad para el mercado global— define el centro del debate sobre el RIGI. MIentras tanto, todo parece indicar que hay RIGI para rato. De hecho, el ministro Luis Caputo confirmó que hay otros 20 proyectos en evaluación.
FUENTE: Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Informe 145 del jefe de Gabinete de ministros, Secretaría de Minería de la Nación, Cámara Minera de Chile.
