Transparencia: un balance de la Argentina en el EITI

Argentina forma parte de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, según sus siglas en inglés) desde 2019 y recientemente recibió una devolución sobre las políticas implementadas de datos públicos, con una calificación moderada por parte de la sede central del organismo en Oslo, Noruega.

La sociedad civil también tiene un rol en este grupo multipartícipe y sus representantes son la Fundación Directorio Legislativo, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Universidad Católica Argentina (UCA), la Fundación Cambio Democrático y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

Juan Francisco Krahl, coordinador de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno de Directorio Legislativo, brindó su opinión sobre el trabajo que viene haciéndose para que las industrias del petróleo, el gas y la minería sean más transparentes en el país.

“Hacemos un balance positivo del informe, teniendo en cuenta que Argentina ingresó a EITI en 2019 y que estamos aplicando una metodología adaptada del estándar que contempla nuestra realidad federal. Debemos sostener el trabajo donde obtuvimos una buena puntuación y reforzar aquellos ámbitos en los cuales el resultado no fue el esperado”, señaló el referente de Directorio Legislativo en diálogo con +e.

“En ese sentido, valoramos por ejemplo la digitalización de datos de minería que dio lugar al armado del Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera, ya que brinda información sobre exportaciones, producción y empleo en el sector minero, desagregado por provincia”, subrayó Krahl. Tanto Siacam como la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac) son iniciativas novedosas con participación de cámaras empresariales y sindicatos que conforman la actividad.

La junta del EITI destacó en su evaluación que el Gobierno argentino divulga sistemáticamente de los datos exigidos por el estándar de transparencia, como por ejemplo los de producción de petróleo y gas, las regalías y el marco legal es publicada en formato abierto en el sitio web de datos del Gobierno y de la Secretaría de Energía.

“Por otro lado, todavía falta que se avance en la publicación de información que actualmente se puede publicar, ya que no está bajo jurisdicción provincial, como gastos sociales y ambientales de las empresas. Otra deuda pendiente es la creación de un registro público de beneficiarios finales”, planteó Krahl.

“Un elemento clave para garantizar una gestión correcta y transparente de los ingresos de la explotación de recursos naturales en Argentina es que estos efectivamente sean publicados. De lo contrario, no sabemos cuánto percibe el estado nacional o las provincias por cada una de las explotaciones mineras”, explicó.

EITI le planteó al gobierno que “como socio del programa Opening Extractives, Argentina también podría aprovechar mejor su implementación EITI para apoyar la creación de un registro público de beneficiarios reales relacionado con las empresas extractivas”.

Helen Clark, presidenta del Consejo EITI, convocó a las autoridades argentinas “para seguir fortaleciendo la transparencia, con planes concretos sobre los siguientes pasos de la implementación adaptada, con la perspectiva de garantizar una cobertura exhaustiva de todos los gobiernos provinciales que reciben ingresos relevantes de los sectores de la minería, el petróleo y el gas”.