Llegar a un acuerdo
En este marco, el funcionario santacruceño sostuvo: “es urgente y necesario que las partes lleguen a un acuerdo, y de una vez por todas se terminen las mezquindades políticas y económicas, y finalmente se resuelvan las cuestiones administrativas que están pendientes, y que hoy repercuten en la paralización de estas obras”.
Asimismo, Álvarez reclamó a las autoridades nacionales y a los directivos de la empresa “terminar con esta incertidumbre, y hacerse cargo de los compromisos asumidos para que, de una vez por todas, esta obra que lleva tanto tiempo paralizada, finalmente sea puesta en funcionamiento, y podamos contar con energía limpia abundante para los santacruceños y para todo el país”.
Represas paralizadas
Tal como informó +e, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó a la UTE (Gezhouba, Electroingeniería e Hidrocuyo) por detener los trabajos de forma “unilateral” desde noviembre de 2023, generando una controversia técnica, económica y legal. Aunque hay conversaciones con la UTE, no hay compromiso de firmar una enmienda al contrato, y cualquier decisión dependerá del interés público.
El Ministerio de Economía informó que no hubo nuevos desembolsos, y, según el contrato de préstamo, la solicitud debe ser suscripta por el contratista, lo que no ocurrió. Además, no se cuenta con una evaluación final del posible deterioro causado por la paralización. Nación aclaró que, preliminarmente, no se evidencian daños en las estructuras, pero la responsabilidad del cuidado de la obra recae en la UTE, que no cumplió con los estándares de calidad requeridos.
Sobre los trabajadores, el principal interrogante es su futuro, ya que llevan inactivos desde noviembre. El Gobierno indicó que la relación laboral depende del contratista, quien el 5 de febrero solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis en la Secretaría de Trabajo debido a la falta de fondos. En la obra había 2858 trabajadores: 2014 de UOCRA, 505 de UECARA y 339 fuera de convenio. Las medidas propuestas incluyeron neutralizar la obra y reducir personal.
Nación realizó audiencias en febrero para evitar despidos, pero no hubo acuerdo, y el procedimiento finalizó el 8 de marzo. Además, señaló que este trámite no aplica al personal de UOCRA, que debe regirse por la Ley 22.250, sin emitir juicios sobre salarios, indemnizaciones o alteraciones contractuales, ya que exceden sus facultades legales.
