Más controles y nuevas exigencias: lo que se viene para las empresas en materia de emisiones
La regulación sobre emisiones gana peso en la agenda energética y obliga a las empresas a medir, reportar y reducir su impacto ambiental
La regulación ambiental vinculada a los controles de emisiones dejó de ser una discusión abstracta y comenzó a materializarse en normas concretas que impactan de lleno en la industria energética. Así lo planteó la abogada y magíster en Gestión de la Energía, Verónica Tito, durante su exposición “Actualización de la normativa de reducción de emisiones en la industria”, en el marco del webinar “Descarbonización en la industria energética”, organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG).
Según explicó la especialista, el tratamiento normativo de las emisiones de gases de efecto invernadero en Argentina tiene un punto de inflexión en la reforma constitucional de 1994. La incorporación del artículo 41 consagró el derecho a un ambiente sano y habilitó el desarrollo de leyes de presupuestos mínimos ambientales, que hoy funcionan como un paraguas regulatorio para las provincias.
En paralelo, el país fue adhiriendo a distintos compromisos internacionales en materia climática. Entre ellos se destacan la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto (ya sin vigencia) y el Acuerdo de París, que continúa siendo el principal marco de referencia para las políticas de mitigación y reducción de emisiones.
En ese contexto, Tito subrayó que la agenda climática comenzó a ganar peso no solo por la presión regulatoria, sino también por un creciente consenso social y empresarial. Ese cambio de escenario explica, en parte, la proliferación de normas específicas que comenzaron a dictarse a partir de 2023, especialmente en el sector hidrocarburífero.
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Cómo los controles ambientales empiezan a exigir a la industria energética la medición y reducción de emisiones.
El rol del Estado nacional y los planes climáticos
Uno de los hitos regulatorios señalados durante la presentación fue la sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, aprobada en 2019. Esta norma estableció la obligación de elaborar un Plan Nacional de Adaptación y Mitigación, así como planes provinciales alineados con los objetivos nacionales.
De acuerdo con Tito, el artículo 19 de la ley resulta clave para el sector energético, ya que ordena identificar los sectores responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, cuantificarlas y avanzar hacia un sistema uniforme de medición. Además, plantea la necesidad de desarrollar medidas de mitigación a corto, mediano y largo plazo.
Argentina ya cuenta con dos planes nacionales en la materia. El primero, aprobado en 2019, estableció lineamientos generales para la reducción de emisiones, aunque sin medidas concretas dirigidas al sector energético. El segundo, aprobado en 2023, avanzó un paso más al incorporar fichas de acciones específicas, entre ellas el monitoreo del desarrollo energético con obligaciones directas para las empresas del sector.
Este segundo plan se articula con el Plan Nacional de Transición Energética al 2030, aprobado mediante la Resolución 517/2023. Si bien el esquema argentino prioriza el gas natural como combustible de transición, también incorpora la necesidad de reducir emisiones en la industria hidrocarburífera para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el país.
Controles específicos
En línea con esos lineamientos, hacia fines de 2023 la Secretaría de Energía dictó la Resolución 170, que aprobó un plan de medición y reducción de emisiones fugitivas derivadas de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos. Tito aclaró que se trata de una norma de alcance general, diseñada para no invadir las competencias provinciales establecidas por la Ley 26.197.
La resolución nacional, sin embargo, aún no fue reglamentada, lo que limita su operatividad. Frente a esa situación, la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) solicitó su reglamentación y ofreció colaborar en el proceso, aunque hasta el momento no hubo avances concretos.
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La reducción de emisiones dejó de ser voluntaria y comenzó a traducirse en obligaciones concretas para las empresas del sector energético.
Los avances provinciales
Mientras tanto, varias provincias comenzaron a dictar su propia normativa. Neuquén avanzó con la Resolución 275 de su Secretaría de Ambiente, que creó un programa de monitoreo de emisiones de gases de efecto invernadero para el sector hidrocarburífero. La norma abarca desde la exploración hasta la refinación y exige reportes sobre emisiones de metano, dióxido de carbono y óxido nitroso.
Río Negro incorporó compromisos ambientales en la Ley 5.733, que regula la prórroga de concesiones. Allí se exige a las empresas planificar medidas de reducción de emisiones y calcular su huella de carbono. Mendoza, por su parte, dictó el Decreto 758/2025, que no se limita al sector hidrocarburífero, sino que alcanza a todas las industrias consideradas mayores, incluyendo obligaciones de medición, verificación y reducción de emisiones.
Chubut fue una de las provincias más específicas en su enfoque. Mediante la Resolución 58/2024, reguló las emisiones de metano en toda la cadena hidrocarburífera, incluyendo transporte y refinación. La norma exige planes anuales de gestión y programas de detección y reparación de fugas, y replica en gran medida un proyecto de ley de presupuestos mínimos que aún se debate en el Congreso.
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FOTO DE ARCHIVO.El marco legal ambiental avanza sobre toda la cadena energética, desde la exploración hasta el transporte y la refinación. REUTERS/Pascal Rossignol
Un escenario fragmentado y desafíos pendientes
Asimismo, Tito advirtió que el principal desafío es la falta de uniformidad normativa. A su entender, la proliferación de regulaciones provinciales con alcances y criterios distintos reproduce problemas ya conocidos en otras áreas ambientales, como el venteo o el abandono de pozo.
Esa fragmentación contrasta con el mandato de coordinación que surge tanto de la Ley 27.007 como de la Ley de Bases 27.742, que instan a Nación y provincias a avanzar hacia marcos regulatorios homogéneos. Incluso el Decreto 1057, reglamentario de la Ley de Bases, incluyó a las emisiones de gases de efecto invernadero como uno de los temas prioritarios para un tratamiento conjunto.
Para la especialista, el proceso recién comienza. “Ya hay regulación y la cuestión de las emisiones está incorporada como un punto de partida”, señaló, al tiempo que anticipó que las empresas deberán internalizar estos requisitos como parte de futuras exigencias ambientales más estrictas.
