Catriel: piden informes de cambios de contratistas petroleros
El requerimiento apunta a esclarecer por qué Petróleos Sudamericanos rescindió el contrato con la firma local Brava y qué impacto tuvo en los trabajadores.
Un grupo de legisladores de Río Negro presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial para que detalle las condiciones de contratación y la situación laboral derivadas de la salida de la empresa “Brava” en áreas hidrocarburíferas de Catriel. La solicitud, dirigida a la Secretaría de Energía y Ambiente, apunta a esclarecer los motivos por los cuales Petróleos Sudamericanos S.A. revocó el contrato con la firma local.
El requerimiento pone el foco en las consecuencias de esa decisión, tanto en los vínculos contractuales como en el empleo, y busca determinar si hubo incumplimientos que justificaran la medida. En ese marco, los legisladores solicitaron que se adjunte la documentación respaldatoria correspondiente.
La iniciativa fue impulsada por José Luis Berros, María Magdalena Odarda, Ayelén Spósito, Luciano Jesús Delgado Sempé, Carmelio Fabián Pilquinao, Daniel Rubén Belloso, María Alejandra Mas y Leandro Gastón García.
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Petróleos Sudamericanos tiene un plan de inversiones para Río Negro.
El conflicto en Catriel
El pedido legislativo se inscribe en un conflicto que tomó estado público a comienzos de año en Catriel. Según informó la intendenta Daniela Salzotto en una conferencia de prensa realizada en enero, Petróleos Sudamericanos resolvió dar de baja el contrato con la firma Brava y, en paralelo, habría impedido el ingreso de inspectores municipales a las áreas operativas.
La jefa comunal calificó la situación como “grave” y cuestionó lo que consideró prácticas que afectan a la comunidad local. “Cada empresa tiene facultades para contratar o rescindir vínculos, pero no voy a aceptar que, bajo ese argumento, se deje afuera a trabajadores de Catriel. Voy a defender la mano de obra local y a nuestras PyMES”, sostuvo.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por el municipio, el conflicto se originó cuando la administración local intentó avanzar con inspecciones vinculadas a habilitaciones comerciales, tasas y condiciones de funcionamiento en el área concesionada. Ese operativo, según planteó el Ejecutivo municipal, se dio en un contexto de reconfiguración de contratos, con reducción de costos y salida de trabajadores locales.
Por su parte, Petróleos Sudamericanos rechazó formalmente la intervención municipal. En una nota, la empresa argumentó que la facultad de autorizar inspecciones en áreas hidrocarburíferas corresponde a la autoridad provincia, en línea con la normativa vigente, según información de LM Cipolletti.
Condiciones laborales y la continuidad de los trabajadores
Uno de los ejes centrales del pedido legislativo es determinar cuántos trabajadores resultaron afectados por la finalización del vínculo contractual y bajo qué modalidad se produjeron las desvinculaciones. El texto plantea la necesidad de identificar la razón social de los empleadores, las fechas de notificación y las condiciones en que se llevaron adelante los despidos o eventuales transferencias.
Asimismo, se pone bajo análisis la participación de empresas en la absorción de personal. En particular, los legisladores consultan si trabajadores de la firma “Brava” fueron incorporados por Servicios Workmen S.A. y “bajo qué modalidad o situación contractual (contrato nuevo, transferencia de contrato, tercerización, etcétera) y en qué condiciones laborales”.
En este punto, desde el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa indicaron al citado medio que un grupo de trabajadores continuaría en actividad bajo la órbita de esta segunda firma. Se trata de alrededor de 20 operarios de Catriel que serían absorbidos por la compañía de servicios con base en 25 de Mayo, La Pampa.
El proyecto legislativo busca establecer si esa continuidad laboral fue acordada con intervención sindical y si existen registros documentales que respalden el traspaso de personal entre compañías.
Posibles irregularidades
El pedido pone la lupa sobre la relación contractual vigente entre Servicios Workmen S.A. y Petróleos Sudamericanos S.A. en las áreas afectadas. En concreto, se solicita que se detalle qué tipo de vínculo mantienen ambas firmas y cómo se reconfiguró la operación tras la salida de la empresa local.
Otro de los puntos refiere a los controles en campo. El texto legislativo requiere información sobre inspecciones municipales en instalaciones operadas por Petróleos Sudamericanos en Catriel, así como sobre el “rechazo al ingreso a áreas operativas” que habrían enfrentado inspectores locales.
En ese marco, los firmantes pidieron precisar si existieron solicitudes formales de inspección, las fechas en que se realizaron y los fundamentos esgrimidos por la compañía para impedir el acceso, además de las respuestas emitidas por la Secretaría de Energía y Ambiente.
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Petróleos Sudamericanos se quedó con Señal Picada – Punta Barda, el bloque representa el 70% de la producción petrolera de Río Negro.
Finalmente, el documento pone especial énfasis en verificar si los despidos se encuadraron en la Ley de Contrato de Trabajo y si se cumplieron las obligaciones de preaviso e indemnización.
