En este escenario, los Estándares de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial, se han convertido en una de las principales fuentes de referencia para financiar grandes proyectos de inversión. No son una ley ni un requisito de la banca multilateral. En realidad, son un lenguaje común para describir riesgos e incertidumbres, para construir confianza entre inversores, empresas, comunidades e instituciones financieras. No es meramente una influencia minúscula.
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Secretaría de Minería
La IFC solo invirtió más de US$56 mil millones en inversiones del sector privado en economías en desarrollo en 2025, según cifras proporcionadas por la institución, y el tamaño de esta inversión indicaría el peso que estos estándares todavía tienen en las finanzas de grandes proyectos. Chile y Argentina son dos instancias diferentes de esta evolución. Chile ha estado implementando estos estándares durante muchos años en una parte significativa de su enorme minería, energía renovable e infraestructura, particularmente en el corredor de inversión de Antofagasta y Atacama.
Argentina, por otro lado, está comenzando un nuevo ciclo de inversión basado en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y un paquete de reformas orientadas a una fuerte competitividad y un desarrollo más rápido de proyectos estratégicos. Y en ambos casos, el problema no es la regulación, sino demostrar que el crecimiento económico puede coexistir con un control sensato de riesgos.
Los Principios del Ecuador, aceptados por más de 120 instituciones financieras en todo el mundo, utilizan los Estándares de Desempeño de la IFC para evaluar proyectos con alto impacto ambiental y social. Durante mucho tiempo, los inversores preguntaban cuánto produciría un proyecto. Hoy también cómo gestionará sus riesgos sociales, ambientales y de gobernanza. Eso es un reflejo de la transformación que está ocurriendo en las finanzas internacionales. No es casualidad que las organizaciones multilaterales hayan prestado mucha atención a centros estratégicos como Vaca Muerta. Además de su inmenso potencial energético, también es indicativo del desafío que enfrentará gran parte de América Latina en las próximas décadas: convertir los recursos naturales en un desarrollo sostenible y financieramente robusto.
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Es fácil asociar la IFC con criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza). Pero estos dos son diferentes y complementarios por naturaleza. ESG define las dimensiones que una organización debe abordar para ser sostenible; la IFC también proporciona las metodologías para identificar, prevenir, mitigar y monitorear tales riesgos en proyectos. No es casualidad que los ocho Estándares de Desempeño de la IFC cubran todo, desde condiciones laborales, eficiencia de recursos, control de la contaminación, salud y seguridad comunitaria, adquisición de tierras, biodiversidad y hábitats críticos, pueblos indígenas y patrimonio cultural hasta tierra y cultura. Probablemente constituyen el marco internacional más completo para abordar los riesgos no financieros de una inversión. Esto es especialmente relevante en proyectos en áreas protegidas, áreas con alto valor de biodiversidad o áreas habitadas por pueblos indígenas. En línea con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la IFC adopta la debida diligencia como un proceso permanente para identificar, prevenir, mitigar y responder al impacto de la inversión en las personas. En territorios indígenas, esto significa participación culturalmente apropiada y, si es apropiado, consentimiento libre, previo e informado.
Todo lo anterior, no es un tema a temer ni a ver como una barrera para la inversión, estos estándares ayudan a construir legitimidad y baja incertidumbre a largo plazo. La licencia social para operar no reemplaza los permisos ambientales o las autorizaciones regulatorias. Los complementa. Un proyecto puede estar en completo cumplimiento con la legislación vigente y aun así perder legitimidad si no construye confianza con aquellos que viven diariamente con la inversión. Quizás por eso es hora de ampliar la conversación.
Durante años hemos hablado de una licencia social para operar. Ahora también necesitamos saber, en un sentido estratégico, que tenemos una licencia financiera para invertir. No porque haya una certificación con ese nombre, sino porque los grandes financiadores internacionales ya no consideran solo la rentabilidad esperada de un proyecto. Averiguan cómo identifica, gestiona y mitiga sus riesgos sociales, ambientales y de gobernanza. El concepto de confianza ya no es una cosa intangible que se debe mantener en confianza, sino un activo que también crea las condiciones para el acceso al capital. De muchas maneras, estamos en el proceso de un cambio de paradigma.
Durante décadas, los factores competitivos para un proyecto se han explicado en términos de factores económicos, financieros y técnicos. Hoy, se añade una dimensión adicional: la legitimidad. Ya no basta con demostrar que una inversión es rentable o técnicamente viable; también debe demostrar que puede comprometerse con sus partes interesadas, proteger la biodiversidad, respetar los derechos humanos y crear valor compartido en las comunidades donde se desarrolla.
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El verdadero cambio no es la existencia de los Estándares de Desempeño de la IFC que han estado guiando la financiación internacional durante años. El cambio es que su influencia ha dejado de ser una conversación exclusiva entre especialistas para ser un factor de competitividad para países, empresas y territorios. Durante mucho tiempo dijimos que los proyectos necesitaban ingeniería para ser construidos y financiación para ser ejecutados. Ahora sabemos que también necesitan legitimidad para perdurar.
Finalmente, la competitividad de América Latina ya no dependerá únicamente de la riqueza de su subsuelo. Tendrá que demostrar que la inversión, los derechos humanos, la protección de la biodiversidad, el respeto a los pueblos indígenas y el desarrollo económico pueden avanzar en la misma dirección.
