El certificado le otorga a Vicuña prioridad sobre el 90% de la capacidad eléctrica generada por esas obras durante 25 años. La compañía financiará la totalidad de la infraestructura, estimada en unos US$800 millones, sin trasladar costos a los demás usuarios del sistema.
Un proceso de tres años
El trámite se había iniciado en 2023 y atravesó meses de tensión institucional. En febrero de este año, el entonces ENRE —hoy fusionado en el ENReGE— había habilitado el acceso de manera provisoria a través de la Resolución 79/2026, pero la medida generó oposiciones formales de distintos actores. Eso obligó a convocar una audiencia pública, realizada el 3 de junio en Buenos Aires, donde el Ente Provincial Regulador de la Electricidad de San Juan y la Secretaría de Energía de La Rioja plantearon reparos sobre el impacto de la obra en el abastecimiento futuro de sus provincias. La resolución final desestimó esos reclamos, así como las impugnaciones de firmas competidoras.
El proyecto prevé una inversión inicial de US$9.700 millones y una producción anual de 400.000 toneladas de cobre.
La magnitud de la demanda eléctrica del proyecto explica buena parte de la disputa: solo en su primera fase, Vicuña requerirá 260 MW, casi la mitad del consumo pico que registró San Juan el verano pasado. En su fase final, la demanda treparía a 700 MW, un volumen que superaría el máximo histórico provincial.
El ingreso al RIGI
La aprobación eléctrica llega semanas después de que el Comité Evaluador del RIGI aceptara el ingreso de Vicuña al régimen, en junio pasado, convirtiéndolo en el primer proyecto de cobre admitido bajo la categoría de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP).
La iniciativa contempla una inversión inicial de US$9.700 millones, cifra que podría escalar hasta los US$18.000 millones a lo largo de una década a medida que avancen las distintas etapas de desarrollo. El proyecto, controlado por las mineras BHP y Lundin Mining, se estructura en tres fases centradas en los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, sobre el límite cordillerano entre San Juan y Chile, y una vez en plena operación apunta a una producción anual de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata.
Según trascendió, el proyecto ya emplea a más de 2.600 trabajadores, la gran mayoría de origen local. Desde el sector energético y minero remarcaron que la resolución da certidumbre a los fondos y directorios internacionales que siguen de cerca el desarrollo de Josemaría y Filo del Sol, en momentos en que la empresa avanza hacia la decisión final de inversión de la primera etapa del proyecto, prevista para antes de fin de año.
Pese a la aprobación, el Gobierno de San Juan y el EPRE provincial mantienen diferencias con la compañía sobre el reconocimiento de inversiones en la infraestructura eléctrica preexistente, un punto que ambas partes se comprometieron a seguir negociando.
