Esta posición resuena con gobernadores de provincias mineras como Mendoza, San Juan, Catamarca y Jujuy, quienes impulsan la reforma para destrabar inversiones sin comprometer el ambiente. El gobierno nacional incluyó el tema en sesiones extraordinarias, enfatizando fin a interpretaciones arbitrarias.
"Falta de claridad"
La Ley 26.639, sancionada en 2010, protege glaciares y ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos. Sin embargo, definiciones ambiguas generan conflictos. IADEM destaca que estas imprecisiones provocan interpretaciones dispares, incertidumbre jurídica y erosión de confianza para inversiones. "La falta de claridad en aspectos centrales del régimen debilita la eficacia de la tutela ambiental", señala el comunicado.
En este punto, los expertos coinciden: la reforma busca reordenar competencias sin reducir protección. Por ejemplo, ambientalistas como Enrique Viale critican la habilitación provincial para determinar geoformas protegidas, viéndolo como reducción de estándares nacionales. En contraste, IADEM argumenta que precisión normativa eleva eficacia.
"Un derecho ambiental efectivo debe asentarse en preceptos claros y precisos. Dicha precisión no implica la disminución de niveles de protección sino su fortalecimiento", textual del instituto.
Segun los especialistas pro reforma, el proyecto mantiene prohibiciones en glaciares, pero ajusta el ambiente periglacial a áreas con función hídrica efectiva, evitando paralización de actividades sostenibles. Esto alinea con artículo 41 de la Constitución, que faculta al Congreso para presupuestos mínimos ambientales, sin invadir dominio provincial sobre recursos.
El rol protagonista de las provincias
Las provincias poseen dominio originario de recursos naturales, lo que implica gestión activa. Según IADEM, el proyecto incorpora su participación, robusteciendo el esquema federal. "Lejos de contradecir el esquema de presupuestos mínimos, esta participación lo robustece, al permitir que la regulación nacional se complemente con el conocimiento técnico, territorial e institucional de las autoridades locales", indica el comunicado.
Por su parte, mientras los gobernadores mineros respaldan la reforma -argumentan que destraban las exportaciones vía RIGI, sin consecuencias negativas-, otros sectores son más críticos, como FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales), la tildan de inconstitucional por restringir protección a geoformas con rol hídrico relevante, habilitando minería en áreas antes vedadas. IADEM rebate en el comunicado al plantear que las provincias actúan sujetas a normas federales, sin discrecionalidad.
IADEM concluye que la sanción fortalece tutela, brinda certidumbre jurídica y consolida federalismo. "La protección del ambiente no se debilita con normas claras y consensuadas: se fortalece", afirma. Según los especialistas mineros, el desafío articula ambiente y desarrollo, Nación y provincias, conforme Corte Suprema.
Fuente: IADEM
