Argentina importa uranio mientras su mayor yacimiento histórico sigue sin remediar. ¿Puede Sierra Pintada volver a producir sin resolver su deuda ambiental?
La tensión entre la urgencia energética nacional y los pasivos ambientales sin resolver define el futuro de Sierra Pintada, mina de uranio ubicada a 55 kilómetros de San Rafael, en el sur de la provincia de Mendoza.
Mientras el gobierno de Javier Milei impulsa un ambicioso plan nuclear y presiona para reactivar la extracción de uranio, el yacimiento acumula décadas de residuos radiactivos pendientes de tratamiento, obras de saneamiento paralizadas y una comunidad local en alerta permanente.
Desde las primeras exploraciones en los años cuarenta hasta el cierre definitivo del complejo en 1997, Mendoza lideró la producción nacional de uranio. En su momento de mayor actividad, Sierra Pintada producía 120 toneladas anuales del mineral para abastecer las centrales nucleares del país. La decisión de cerrar la mina llegó durante la presidencia de Carlos Menem, cuando Argentina optó por importar uranio.
El método de extracción empleado fue el sistema convencional a cielo abierto, con procesamiento en planta en el mismo sitio para la producción de yellowcake —el concentrado de uranio—. La lixiviación química del mineral generó volúmenes considerables de residuos que permanecen en el lugar.
Entre los materiales identificados figuran radio-226, torio-230 y plomo-210, pero el componente más crítico es la generación continua de radón-222, un gas radiactivo de difícil contención. Un dato central para entender la magnitud del problema: la mayor parte de la radiactividad original no se trasladó con el uranio extraído, sino que quedó en el sitio.
El pasivo ambiental más grave del complejo son los 5.000 tambores con residuos de uranio que fueron enterrados durante los noventa, antes de que existiera la Ley de Conservación y Protección del Ambiente. Esos recipientes, con contenido tanto sólido como líquido, constituyen el núcleo del proceso de remediación en curso.
Las tareas de saneamiento obtuvieron aprobación formal recién en 2019, cuando el Gobierno de Mendoza otorgó la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente. En 2024, el gobierno nacional incrementó la partida presupuestaria para la remediación a 700 millones de pesos —más de un 40% por encima de los 412 millones anunciados inicialmente—, con un cronograma que estimaba completar la fase 1 en un plazo de dos años.
Sin embargo, en diciembre de 2025, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de San Rafael denunció públicamente la paralización de las obras. "Actualmente en la mina se detuvieron las tareas de remediación de los pasivos ambientales, fundamentalmente por la falta de presupuesto de la CNEA para adquirir insumos, pagar licitaciones y servicios", expresó el gremio.
Los trabajadores también advirtieron que los especialistas en energía atómica estiman en al menos 7 años el tiempo necesario para completar la remediación bajo estándares de seguridad ambiental adecuados.
En paralelo al freno de las obras de saneamiento, el escenario nacional empujó a Sierra Pintada nuevamente al centro del debate. A fines de 2024, Milei presentó el Plan Nuclear Argentino con el objetivo de expandir la generación eléctrica de origen nuclear, que hoy representa el 9% de la matriz energética del país. En ese marco, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) anunció su intención de firmar acuerdos con empresas privadas antes de finalizar 2026 para reactivar la minería de uranio.
"Conocemos bastante bien dónde hay uranio. Hay varios proyectos; uno podría ser la reactivación de Sierra Pintada, otro empezar con la factibilidad de Cerro Solo", declaró el presidente de la CNEA, Germán Guido Lavalle. El funcionario remarcó que la ley argentina permite la exportación del mineral, siempre que se priorice el abastecimiento del mercado interno.
El argumento de fondo es contundente: Argentina importa uranio desde Kazajistán para alimentar sus tres centrales nucleares —Atucha I, Atucha II y Embalse— mientras posee reservas propias de enorme potencial sin explotar. Sierra Pintada concentra más de 6.000 toneladas de uranio disponibles y cuenta con infraestructura instalada, incluyendo uno de los pocos laboratorios del país con capacidad para analizar uranio y radio en agua, suelo y sedimentos.
La perspectiva de una reactivación genera resistencia firme en distintos sectores. ATE San Rafael fue categórica: "No puede haber explotación posible de la mina si primeramente no se realiza la remediación de aguas de cantera y residuos sólidos bajo estándares de seguridad ambiental". El gremio también rechazó cualquier intento de privatización del yacimiento o de exportación del mineral sin incorporar valor agregado a través de la cadena nuclear nacional.
Desde el ámbito provincial, la Dirección de Minería de Mendoza ratificó que Sierra Pintada cuenta con una DIA de remediación vigente y que el organismo realiza seguimiento continuo de su cumplimiento.
Por otro lado, el avance del gobierno nacional hacia una mayor apertura del sector nuclear al capital privado y extranjero encendió alertas en sectores políticos, científicos y ambientales que advierten sobre el riesgo de perder capacidad de decisión sobre un recurso estratégico de alto valor geopolítico.